Written by Todo el país ha participado, de una forma u otra, en la lucha contra la Ley 462, que atenta contra la seguridad social, los embalses en Río Indio, la reapertura de la mina y el memorándum de entendimiento con los Estados Unidos, el cual representa una violación a la soberanía de Panamá.
Este viernes 6 de junio, tras un encuentro de dirigentes, la Alianza Pueblo Unido por la Vida Digna convocó a todos los sectores de la Ciudad de Panamá a una marcha en la que se denunció que vivimos en un Estado donde se violan sistemáticamente los derechos y garantías de los manifestantes y militantes políticos. Desde principios de año, se ha repetido la tónica de allanamientos, persecución y judicialización del movimiento social, tanto en la capital como en el interior del país.
La marcha, multitudinaria y encabezada por educadores que llevan más de 40 días en huelga, se desarrolló en un ambiente de firmeza y determinación, pese a la amenaza del Ministerio de Educación de suspender sus salarios. Los educadores, amparados por la Ley Orgánica de Educación y la Constitución panameña que garantiza el derecho a huelga, contaron con el respaldo de gremios como la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE) y la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof).
También participaron estudiantes, juventudes revolucionarias como FER-29, asociaciones estudiantiles de los pueblos Ngäbe-Buglé y Guna, el Movimiento Patria, pueblos indígenas, campesinos y sindicatos como SUNTRACS, Convergencia Sindical, AECSS, Movimientos ecologistas Ya Es Ya, Panamá Vale Más sin minería y Colectivo Voces Ecológicas, entre otras.
La policía se ha convertido en un aparato represor. Basta con ver las imágenes difundidas por la prensa independiente: manifestantes heridos, algunos debatiéndose entre la vida y la muerte. Las comarcas originarias y tierras colectivas han sido de las más afectadas, con focos de resistencia en Veraguas, Chiriquí, las zonas bananeras de Bocas del Toro y la región de Azuero.
En el pueblo de Arimae, en la provincia de Darién, organismos nacionales y la Defensoría del Pueblo constataron el uso desmedido de la fuerza: gases lacrimógenos, perdigones y balas de goma fueron empleados contra la comunidad.
Al finalizar la marcha, en el Parque Porras, cuando los dirigentes se disponían a iniciar su discurso, la policía llegó con una actitud agresiva, tratando de amedrentar a los presentes. Sin embargo, la multitud se mantuvo firme, ejerciendo su derecho legítimo a manifestarse, gritando consignas de manera cívica y estoica.
Por: Pedro Silva García. Radio Temblor Internacional.
Last modified: 07/06/2025
