Written by Un informe del Transnational Institute (TNI) y el Institute for Policy Studies (IPS) analiza cómo los tratados de inversión han permitido que empresas extranjeras demanden a México por decisiones vinculadas con la protección ambiental, la política energética y los conflictos territoriales.
¿Qué ocurre cuando una comunidad logra frenar un proyecto minero cuestionado por sus impactos ambientales? En México, la respuesta puede ser una demanda multimillonaria contra el Estado. El informe muestra cómo el sistema de arbitraje inversor-Estado (ISDS) ha sido utilizado por empresas transnacionales para reclamar compensaciones por medidas regulatorias, decisiones judiciales o conflictos derivados de la defensa de los territorios.
Entre los principales hallazgos se destacan:
• México acumula 61 demandas de arbitraje internacional
Es el tercer país más demandado del mundo y de América Latina y el Caribe. El 92% de las demandas fueron iniciadas por inversores de Estados Unidos, Canadá y Europa.
• 5.500 millones de dólares reclamados
Las demandas pendientes exigen una suma equivalente a más de cinco años del gasto público mexicano destinado a la protección ambiental.
• Un auge de las demandas mineras
De los 5.500 millones de dólares reclamados actualmente, 4.175 millones corresponden a empresas mineras. Desde 2019, México recibió al menos 12 demandas de este sector.
• Comunidades en defensa del agua y el territorio
Algunos de los casos más relevantes están vinculados a resistencias comunitarias frente a proyectos extractivos. Entre ellos se encuentran las demandas por los proyectos mineros Ixtaca, en Puebla, y Sierra Mojada, en Coahuila.
• TLCAN, T-MEC y CPTPP
Aunque el T-MEC reemplazó al TLCAN en 2020 y supuestamente limitó las demandas de los inversores, en apenas cinco años ya fue utilizado en 16 casos, convirtiéndose en el segundo tratado más utilizado para demandar a México. El TLCAN, por su parte, fue invocado en 38 de las 61 demandas registradas contra el país. Además, México se convirtió en el primer país en enfrentar demandas bajo el CPTPP.
El informe advierte que, en un contexto marcado por la crisis climática, los tratados de inversión pueden convertirse en un freno para nuevas políticas públicas. Regulaciones destinadas a proteger el ambiente, ordenar actividades extractivas o fortalecer la soberanía energética pueden derivar en demandas multimillonarias cuando afectan las expectativas de ganancias de los inversores.
Sin embargo, también existen alternativas. 23 de los 31 Tratados Bilaterales de Inversión vigentes podrían ser terminados unilateralmente, lo que abre la posibilidad de revisar una política que ha expuesto al país a décadas de litigios internacionales.
¿Qué es el sistema ISDS?
https://isds-americalatina.org/
Informe completo: https://isds-americalatina.org/mexico/
Desde TNI quedamos a disposición para coordinar entrevistas y ampliar información sobre el informe y sus principales hallazgos.
Contacto para entrevistas
Bettina Müller, +49 174 4537604, [email protected]
Last modified: 02/07/2026
