Written by Dos años de gobierno han sido suficientes para confirmar que la administración de José Raúl Mulino no gobierna para las mayorías, sino para los grandes grupos económicos nacionales y los intereses extranjeros principalmente Estados Unidos, que históricamente han condicionado el rumbo de Panamá. Lo que se presenta como estabilidad no es más que la continuidad de un modelo que concentra la riqueza, privatiza las ganancias y socializa los costos sobre la clase trabajadora.
La mayor evidencia de este rumbo autoritario ha sido la respuesta frente al movimiento popular. En lugar de escuchar las demandas de educadores, obreros, campesinos, indígenas, estudiantes y sindicatos, el gobierno ha optado por la confrontación, la represión y el castigo. Las huelgas y manifestaciones han sido respondidas con fuerza policial, procesos judiciales, campañas de desprestigio y medidas administrativas contra dirigentes sindicales y docentes. La separación de cientos de educadores de sus cargos es vista por amplios sectores como un intento de disciplinar al magisterio y enviar un mensaje de miedo a quienes decidan organizarse y luchar.
Cuando un gobierno castiga a quienes enseñan, persigue a quienes protestan y criminaliza la organización popular, deja de gobernar para el pueblo y comienza a gobernar contra él.
La ofensiva también alcanza al movimiento sindical como SUNTRACS y FUCLAT principalmente, convirtiendo al gobierno como uno de los mayores violadores de los derechos laborales del planeta según la Organización Internacional del Trabajo. Las organizaciones que históricamente han defendido salarios, derechos laborales y seguridad social enfrentan un discurso oficial que las presenta como obstáculos para el desarrollo, mientras las verdaderas causas de la desigualdad —la concentración de la riqueza, la evasión fiscal y los privilegios del gran capital— permanecen prácticamente intactas.
Uno de los episodios más graves de este período fue la operación Omega en Bocas del toro en junio del 2025, donde el documento presentando por la Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá (COPODEHUPA) sobre este hecho, evidenció alta demanda de violaciones a los derechos humanos en medio de la reforma a la ley de la Caja del Seguro Social. También podemos mencionar el latente intento de reabrir el debate sobre la explotación minera, pese a que en 2023 la Corte Suprema declaró inconstitucional el contrato que permitió operar a la mina y que cientos de miles de panameños protagonizaron una de las mayores movilizaciones populares de la historia reciente para exigir su cierre. Pretender devolver la minería metálica al centro de la agenda política significa desconocer esa victoria ciudadana y colocar nuevamente los intereses corporativos por encima de la voluntad popular, la protección ambiental y el Estado de derecho.
Al mismo tiempo, crecen las preocupaciones por injerencia del gobierno de Estados Unidos en nuestro país. La ampliación de la “cooperación en temas de seguridad” y migración es interpretada por diversos sectores como una expresión de mayor influencia estadounidense sobre decisiones estratégicas del país. Para quienes sostienen una visión soberanista, Panamá no puede aceptar que su política exterior, su territorio o sus instituciones respondan a prioridades definidas fuera de sus fronteras.
Mientras tanto, la realidad cotidiana del pueblo sigue marcada por el desempleo, el trabajo informal, los bajos salarios, la pobreza y el aumento constante del costo de la vida. Miles de familias sobreviven entre deudas, empleos precarios y servicios públicos deteriorados. La riqueza sigue concentrándose en pocas manos mientras la mayoría enfrenta un futuro cada vez más incierto.
La reforma de la Caja de Seguro Social se presenta como un retroceso a la seguridad social que ha profundizado el conflicto. Para amplios sectores populares, las soluciones impulsadas trasladan el peso del problema a trabajadores y jubilados, sin enfrentar con la misma decisión los privilegios y responsabilidades de quienes más recursos concentran. Nuevamente, quienes menos tienen son llamados a hacer los mayores sacrificios, situación similar como le piden a las comunidades de la rivera del Rio Indio para los beneficios de la ACP.
Estos dos años dejan una conclusión preocupante: el gobierno ha privilegiado el orden por encima de la justicia, la obediencia por encima de la participación y el mercado por encima de los derechos sociales. Cada maestro sancionado, cada dirigente sindical perseguido, cada comunidad reprimida y cada intento de revertir conquistas ciudadanas fortalece la convicción de que los cambios profundos no vendrán desde los despachos oficiales, sino desde la organización consciente y la movilización del pueblo.
La historia de Panamá demuestra que ninguna conquista social fue un regalo del poder. La jornada de ocho horas, la soberanía sobre el Canal, los derechos laborales y la defensa del patrimonio nacional fueron fruto de la lucha popular. Hoy, frente a un modelo que muchos consideran excluyente y autoritario, la organización social vuelve a convertirse en la principal herramienta para defender la democracia, la soberanía nacional y la dignidad de las mayorías.
Escuchemos las declaraciones de Richard Morales, Profesor de Ciencia Política de la Universidad de Panamá, economista político
Por: Pedro Silva Garcia. Radio Temblor Internacional
Fotos: Pedro Silva Garcia
Last modified: 02/07/2026
