Written by El año 2025 fue testigo de una escalada de amenazas de los Estados Unidos hacia el Sur Global. En cuestión de meses, Washington declaró el espacio aéreo venezolano “cerrado en su totalidad”, amenazó con invadir Nigeria “a tiros” para proteger a los cristianos de un supuesto genocidio y exigió a los talibanes que devolvieran la base aérea de Bagram con advertencias de consecuencias no especificadas. No se trata de episodios aislados de bravuconería trumpiana. Son síntomas de una crisis estructural más profunda en la forma en que el poder estadounidense gestiona su relación con el resto del mundo.
Lo que estamos presenciando podría denominarse “coerción sin consenso”. A medida que el atractivo ideológico de la globalización liderada por los Estados Unidos se desvanece y su influencia económica se debilita, el centro imperial recurre cada vez más a la fuerza bruta y a las amenazas. Los mecanismos de consentimiento que antes sostenían la hegemonía estadounidense han perdido su eficacia. Lo que queda es la coerción.
El uso de las finanzas como arma
Consideremos el caso de Venezuela. Desde agosto de 2017, los Estados Unidos ha impuesto sanciones cada vez más severas contra el sector petrolero, las instituciones financieras y los funcionarios gubernamentales del país. El objetivo declarado nunca se ha ocultado: el cambio de régimen.
Las consecuencias humanitarias han sido devastadoras. Un estudio de 2019 realizado por los economistas Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs para el Centro de Investigación Económica y Política estimó que las sanciones causaron más de 40.000 muertes entre 2017 y 2018. Las sanciones aislaron a Venezuela del sistema financiero basado en el dólar, impidiendo la reestructuración de la deuda. Las empresas internacionales fueron amenazadas con sanciones secundarias. La importación de repuestos para la industria petrolera se hizo imposible, lo que aceleró el colapso de la producción. Weisbrot y Sachs concluyeron que estos impactos “encajarían en la definición de castigo colectivo tal y como se describe en las convenciones internacionales de Ginebra y La Haya”.
Tras las sanciones de agosto de 2017, la producción petrolera venezolana cayó a más del triple de su ritmo anterior. El FMI revisó su previsión de crecimiento del -5 % al -25% para 2019, impulsado principalmente por el régimen de sanciones.
Esto confirma lo que Samir Amin teorizó sobre el imperialismo contemporáneo que opera a través del control de las finanzas globales en su libro Imperialismo moderno, capital financiero monopolista y ley del valor de Marx. El papel del dólar como moneda de reserva, combinado con la jurisdicción de los Estados Unidos sobre los pagos globales, proporciona a Washington el “privilegio exorbitante” de imponer el aislamiento económico a cualquier país rebelde.
La escalada de 2025 va más allá. La declaración de Trump de que el espacio aéreo venezolano debe considerarse cerrado, aunque carece de jurisdicción legal, sirve para intimidar a las compañías aéreas comerciales. El despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford en el Caribe, junto con los ataques que han causado la muerte de más de ochenta personas desde septiembre de 2025, sugiere que Washington está dispuesto a complementar el estrangulamiento económico con la violencia militar.
El caso de Colombia en enero de 2025 es igualmente instructivo. Cuando el presidente Gustavo Petro se negó a aceptar vuelos de deportación en aviones militares estadounidenses, Trump respondió en cuestión de horas con amenazas de aranceles del veinticinco por ciento y revocaciones de visados. Esta táctica de presión tenía un mensaje claro: la alianza con Washington no ofrece protección cuando las prioridades imperiales exigen lo contrario.
Humanitarismo selectivo
La amenaza de intervención en Nigeria revela una modalidad diferente de afirmación imperial: la apropiación del discurso humanitario para legitimar la acción militar.
En noviembre de 2025, Trump designó a Nigeria como “país de especial preocupación” por la persecución religiosa y amenazó con “acabar con los terroristas islámicos” que supuestamente cometían genocidio contra los cristianos.
Esta afirmación no resiste un examen empírico. Los datos del Proyecto de Datos sobre la Localización y los Acontecimientos de los Conflictos Armados (ACLED) cuentan una historia más compleja. Entre enero de 2020 y septiembre de 2025, el ACLED registró 385 ataques contra cristianos en los que la identidad religiosa fue un factor determinante, lo que provocó 317 muertes. Durante el mismo periodo, 196 ataques tuvieron como objetivo a musulmanes, lo que provocó 417 muertes. La violencia es real y devastadora, con más de 20.000 muertes de civiles desde el año 2020. Pero sus causas son más complejas que el exterminio religioso.
Los investigadores han documentado cómo los conflictos entre agricultores y pastores, la desertificación, la competencia por los recursos y el colapso de los mecanismos tradicionales de mediación explican gran parte de la violencia. Organizaciones como Boko Haram emplean una retórica anticristiana, pero sus ataques son en gran medida indiscriminados. Como afirmó el analista nigeriano Bulama Bukarti: “Todos los datos revelan que no se está produciendo un genocidio cristiano en Nigeria. Se trata de una peligrosa narrativa de extrema derecha”.
El análisis de Mahmood Mamdani sobre el movimiento “Salven Darfur” pone de manifiesto esta instrumentalización del sufrimiento. En su libro titulado Saviors and Survivors: Darfur, Politics, and the War on Terror (Salvadores y supervivientes: Darfur, la política y la guerra contra el terrorismo), explica el marco del genocidio y cómo transforma los conflictos políticos en dramas morales que requieren una salvación externa, posicionando a las potencias occidentales como salvadoras y a las poblaciones africanas como víctimas incapaces de resolver sus propios problemas.
La selectividad es imposible de ignorar. Mientras amenaza con tomar medidas contra Nigeria, Washington ha proporcionado a Israel miles de millones en ayuda militar durante operaciones que han matado a decenas de miles de palestinos. El “genocidio” en el discurso estadounidense no es una categoría analítica que exija una aplicación coherente, sino un instrumento político que se utiliza de forma selectiva.
Debilidad imperial, no fuerza
La exigencia de la base aérea de Bagram por parte de los talibanes representa la negativa a aceptar la derrota. La mayor instalación estadounidense en Afganistán, su abandono simbolizó el fracaso de la guerra más larga de la historia de los Estados Unidos. Trump exige ahora su devolución, justificándose porque la base está “a una hora de donde China fabrica sus misiles nucleares”. Afganistán va a ser instrumentalizado como plataforma para contener a China.
Las potencias regionales han rechazado esto de manera unánime. Las consultas del Formato de Moscú (grupo de diálogo político liderado por Rusia) han reunido a Rusia, China, Irán, Pakistán y la India en una oposición coordinada. A pesar de sus diferencias, esta coalición representa la coordinación multipolar que Samir Amin defendía a través de su concepto de “desvinculación”: naciones que se niegan a subordinar su seguridad a las prioridades imperiales.
El estudio del Instituto Tricontinental “Hiperimperialismo” proporciona un marco para comprender esta coyuntura. Los Estados de la OTAN representan tres cuartas partes del gasto militar mundial. Sin embargo, la supremacía militar no puede compensar la erosión del poder económico. Los Estados Unidos se enfrenta al auge de China y al creciente peso de los BRICS. La crisis financiera de 2008 y la disfunción de la democracia estadounidense han empañado el Consenso de Washington.
Esto explica lo que podría parecer paradójico: por qué el declive de la hegemonía produce un comportamiento más agresivo. Cuando los mecanismos de consentimiento se debilitan, los mecanismos de coacción se intensifican. Las amenazas contra Venezuela, Nigeria y Afganistán son síntomas de la debilidad imperial, no de su fortaleza.
Para la India y el Sur Global en general, las implicaciones exigen atención. Se ha cuestionado la suposición de que la globalización liderada por los Estados Unidos representa la única vía de desarrollo. Las instituciones alternativas, desde el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS hasta los acuerdos monetarios bilaterales que eluden el dólar, crean posibilidades para subordinar las relaciones exteriores a las prioridades nacionales.
Los intereses del Sur Global no residen en elegir entre las grandes potencias, sino en construir solidaridades que amplíen el espacio para el desarrollo soberano. La construcción de un orden verdaderamente policéntrico sigue siendo el horizonte hacia el que deben trabajar las fuerzas progresistas.
Por: Atul Chandra. Coordinador adjunto de la sección Asia de Tricontinental: Instituto de Investigación Social.
Fuente: Globetrotter
Ilustración: Bart van Leeuwen
Last modified: 13/12/2025
