2020. Un año de represiones y arbitrariedades al pueblo panameño que denuncia la corrupción y desigualdad social [Audio]

Written by | Panamá

La criminalización de la protesta social, así como la represión y detenciones arbitrarias, fueron el detonante en el año 2020 en Panamá. La crisis de la COVID 19, agravó la situación socioeconómica del país, pese a que su producto interno bruto se apunta como estable. Pero la desigualdad social, la corrupción y el urgente apoyo solidario hizo que pobladores y organizaciones sociales salieran a protestar. Acción que fue reprimida en distintos momentos del año por agentes antidisturbios.

Caso específico, fueron las manifestaciones de jóvenes universitarios en contra de las medidas impopulares impuestas a la población empeorado sus ya frágiles economías condenandolos al hambre. Indiferencia, indolencia y corrupción han sido los sinónimos en este gobierno del presidente Laurentino Cortizo.  

En Panamá y en el resto del mundo no es nueva la represión ni las detenciones arbitrarias por parte de los gobiernos contra quienes protestan. Pero cada vez son más agresivas y hasta justifican estas ilegalidades. Vemos cómo las autoridades como la policía entre otros estamentos de seguridad levantan cargos por “alteración del orden público”, “contra la seguridad del Estado”, “por irrespeto a la autoridad”, etc. a quienes se manifiestan. Recientemente con la conmemoración del 57 aniversario de la gesta heroica del 9 de enero de 1964 en Panamá, varios agentes policiales detuvieron y agredieron a miembros de Frenadeso y Suntracs, quienes, acogiéndose al derecho constitucional de manifestarse públicamente, deseaban rendir homenaje a los héroes de la patria y se les fue violado este derecho. 

El hecho es criminalizar la protesta y servir de ejemplo para todo aquel que se levante no se atreva a expresarse y movilizarse. Pero a pesar de todos los obstáculos, los pueblos siguen levantando su voz de denuncia. El derecho a las manifestaciones es un derecho legítimo consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Carta Magna. 

Pablo Martínez, representante legal de la Coordinadora Victoriano Lorenzo, presenta el modus operandi de los estamentos de seguridad del Estado Panameño como reprimen y criminalizan a los manifestantes:

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Las organizaciones sociales, han manifestado que la realidad socioeconómica y política debe configurarse a través de una constituyente originaria. Instrumento para viabilizar una nueva estructura productiva para que reine una calidad de vida para la población. Donde los servicios básicos a las necesidades y crecimiento, sea cónsona a los derechos y desarrollo humano.

Por: Dania Betzy Batista Guevara. Radio Temblor Internacional

Fotografía: Olmedo Carrasquilla Aguila

Last modified: 14/01/2021

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