Written by Paraguay atraviesa una de las crisis políticas y financieras más importantes de su historia reciente. La intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay, luego de detectarse graves irregularidades en sus operaciones y problemas de solvencia, desató una crisis que rápidamente dejó de ser solamente bancaria. Hoy tiene consecuencias directas sobre el Gobierno de Santiago Peña y abrió un proceso de juicio político que pone en cuestión la continuidad del propio presidente de la República.
Para entender lo que está pasando es necesario explicar algunos elementos. Ueno Bank experimentó un crecimiento exponencial en los últimos años, coincidiendo con el inicio del Gobierno de Santiago Peña. Llegó a tener cerca de tres millones de clientes, más del 50% de la población adulta del país, y recibió alrededor de 800 millones de dólares en depósitos del sector público. Entre esos recursos se encuentran fondos vinculados al Instituto de Previsión Social (IPS), que administra los aportes jubilatorios y de salud de miles de trabajadoras y trabajadores.
Uno de los problemas es que el propio presidente de la República mantuvo vínculos empresariales con el grupo relacionado con la entidad bancaria hasta marzo de 2025. A esto se suma que Carlos Carvallo, quien había presidido Financiera Ueno, pasó posteriormente a dirigir el Banco Central, organismo responsable de supervisar y controlar al sistema financiero. Durante este Gobierno también se modificaron las disposiciones que buscaban impedir este tipo de conflictos de intereses, conocidas como normativa de puerta giratoria.
La intervención del banco, la inmovilización de los depósitos y las investigaciones sobre créditos concedidos a empresas vinculadas a sus propietarios terminaron exponiendo una trama de relaciones entre intereses privados y las instituciones públicas. Sin embargo, además, detrás de las cifras y de las operaciones financieras, hay miles de personas que hoy no pueden disponer de sus ahorros; trabajadores que enfrentan incertidumbre sobre sus salarios y jubilados cuyos recursos están comprometidos. La inclusión financiera, que se presentó como uno de los grandes logros del modelo económico, terminó convirtiéndose en una enorme estafa para la población.
Los vínculos de Santiago Peña con el grupo empresarial, las decisiones adoptadas desde el Ejecutivo y las responsabilidades de los organismos de control forman parte de los cuestionamientos que dieron origen al pedido de juicio político. La oposición impulsó el proceso en el Congreso y el 5 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó la acusación contra el mandatario. Peña presentó su renuncia, pero ambas cámaras rechazaron esa salida y el Senado continuó con el proceso. Al momento de escribir estas líneas, el presidente debe ejercer su defensa ante el juicio político.
Sin embargo, para entender esta crisis hay que mirar también hacia la Asociación Nacional Republicana (ANR), el Partido Colorado, – profundamente ligada a la estructura del Estado paraguayo y a los 35 años de dictadura de Alfredo Stroessner – y particularmente hacia Horacio Cartes (HC). Paraguay tiene una particularidad política que resulta fundamental para comprender lo que sucede. El Partido Colorado gobierna prácticamente de manera ininterrumpida desde 1947, la única interrupción de ese largo ciclo fue el gobierno de Fernando Lugo (2008-2012), que llegó al poder encabezando una alianza que logró derrotar electoralmente al coloradismo después de más de seis décadas. Sin embargo, su Gobierno terminó abruptamente en junio de 2012, mediante un golpe parlamentario que en apenas 48 horas lo destituyó a través de un cuestionado juicio político. Para los movimientos sociales y sectores del campo popular, ese hecho no fue un episodio más en la historia sino una operación política articulada por sectores de la derecha paraguaya, con Horacio Cartes como uno de sus principales actores y con presuntas complicidades y respaldo de intereses externos, entre ellos los de la Embajada de los Estados Unidos.
En la actualidad, el poder dentro de la ANR está fuertemente disputado por sus movimientos internos, pero el cartismo (HC), se convirtió en el principal espacio de poder del oficialismo. Cartes no solamente fue presidente de la República entre 2013 y 2018, sino que posteriormente asumió la presidencia del propio Partido Colorado y mantuvo una enorme influencia sobre las decisiones del Gobierno de Santiago Peña.
Peña llegó a la Presidencia impulsado políticamente por Cartes. Su candidatura y posterior gobierno se construyeron bajo el liderazgo del movimiento Honor Colorado. Por eso, lo que estamos viendo hoy tiene una contradicción política muy importante; el mismo sector que construyó y sostuvo este gobierno ahora decide acompañar el juicio político contra el presidente.
La posición de Cartes fue cambiando a medida que avanzaba la crisis. Inicialmente, desde su entorno se rechazaba la posibilidad de un juicio político y se buscaba concentrar la responsabilidad en las autoridades del Banco Central. Sin embargo, el 5 de noviembre, Cartes anunció públicamente que la ANR acompañaría el enjuiciamiento de Peña. Este movimiento no puede leerse simplemente como una decisión institucional del Partido Colorado, también expresa una disputa por el control político, por la continuidad del proyecto de gobierno y por la preservación de un esquema de poder que el propio movimiento contribuyó a construir.
A partir de este escenario, desde los movimientos sociales y el campo popular, la denuncia no se limita a exigir responsabilidades individuales y rechazar cualquier intento de impunidad, también advierte que esta crisis es una muestra más del fracaso del modelo económico liberal que, durante años repitió que el mercado podía regularse por sí mismo, que el Estado debía reducir su intervención y que la privatización y la desregulación eran el camino para alcanzar el desarrollo. Prometieron que, si dejábamos funcionar libremente al capital, la riqueza terminaría llegando a toda la población y que el crecimiento económico se traduciría en bienestar y que todas y todos se beneficiarían de ese supuesto derrame. En Paraguay, hoy las consecuencias están sobre la mesa de cada trabajador, producto del narco capitalismo financiero. Un modelo que administra de manera inescrupulosa los recursos públicos, concentra riquezas y establece relaciones entre el poder político y los intereses privados. Un sistema en el que las ganancias quedan en manos de determinados sectores, mientras las consecuencias de sus operaciones terminan recayendo sobre la población.
Por tanto, lo que ocurre en este lado del sur de nuestra América, no está ajeno a lo que sucede en otras partes del mundo, es parte de una dinámica en la que los grandes capitales condicionan las decisiones políticas, se apropian de los bienes comunes y convierten derechos y necesidades básicas en oportunidades de negocio. Cambian los escenarios, cambian los actores, pero la lógica sigue siendo la misma.
Sin embargo, el evidente fracaso de la política económica del capitalismo financiero también abre una oportunidad para el campo popular organizado: disputar otro horizonte y construir una alternativa política y económica que rompa con esta lógica. De abrir camino hacia un mundo en el que la economía esté al servicio de la vida y no de la acumulación de unos pocos y en el que los pueblos puedan decidir sobre sus recursos, su presente y su destino.
Por: Thania Saucedo es comunicadora y dirigente política por el Frente Guasu, Paraguay.
Fuente: Globetrotter
Fotos: Elisa Marecos (@elisa_marecos) & Sandino Flecha (@sandinoflecha) para El Surti (@elsurti).
Last modified: 06/11/2026
