Panamá

A cuatro meses de la declaración de “refugio de vida silvestre” ¿QUÉ PASA CON MATUSAGARATÍ?

Para la reflexión y motivación en el día del ambiente

El 20 de enero de 2017 se declaró el área protegida del humedal Matusagaratí como “Refugio de vida de silvestre”. Aparentemente era un gran paso adelante, una respuesta a la lucha que habían librado los campesinos que siempre habían vivido en armonía con el humedal y a la lucha de los ambientalistas de AMEDAR que iniciaron su pelea con las primeras denuncias allá en el 2007.

Eso es lo que dijo el gobierno, por medio de la Ministra Mirei Endara, y se encargaron de difundir los grandes medios de comunicación. Pero…¿qué ha pasado en esos cuatro meses? Hagamos un breve repaso.

Se dice que se protege Matusagaratí…¿pero porqué a la vez se tiene que exiliar su principal defensora, Ligia Arreaga? ¿porqué dimitió Samuel Valdés, director de áreas protegidas? ¿porqué dimitió la Ministra de Ambiente, Mirei Endara? ¿porqué recientemente han sacado al director del Ministerio de Ambiente en Darién, Hermel López? ¿Son hechos sin conexión entre sí, o son todos ellos consecuencia de algo muy grave que está pasando en Darién y en Panamá?

Dimisiones en serie y salida de Ligia Arreaga

El asunto va en serio: miles y miles de hectáreas y actividades ilegales dependen de que se investigue y sancione las ventas ilegales de tierras que se dieron desde 2007, la construcción de canales enormes para desagüar el humedal y la plantación de arroz y palma aceitera en régimen de monocultivo en miles de hectáreas, que implica el uso intesivo de plaguicidas que acaban con el ecosistema y toda la vida, entre ellos el criadero de peces del Golfo de San Miguel.

En 2009 Ligia Arreaga escapó de un plan para asesinarla. Y ahora, en pleno proceso de debate y concreción del tipo de protección que se pedía al humedal Matusagaratí, la persona más conocedora y ligada a las comunidades campesinas e indígenas de Darién, tuvo que salir pitando sin que procuradoría, gobierno ni policía hayan hecho nada por investigar sus denuncias de amenazas repetidas en 2015 y 2016.

En abril de 2016 se había hecho un foro de participación ciudadana en la Universidad ISAE de Metetí donde el Ministerio de Ambiente expuso su propuesta de creación de área protegida para Matusagaratí. Para resumir digamos que el Ministerio partía de que ya una parte del humedal estaba protegido dentro de la Reserva Forestal Filo del Tallo-Canglón y que era consciente de que un día debería unificarse todo este ecosistema interconectado en una sóla área protegida. La propuesta que presentó fue crear una nueva área basada en los estudios científicos encargados a CREHO-ACD-CEASPA en un Estudio Socio-Ambiental hecho público en mayo de 2015.

Esa área propuesta abarcaba 37.000 hectáreas. En ella estaban incluídas tierras adquiridas ilegalmente diez años atrás por capital colombiano ligado al narcotráfico, uno de cuyos compradores, Javier Daza Pretelt, está perseguido por la justicia colombiana acusado de masacres humanas entre campesinos del Chocó. Pretelt fue preso en Panamá, pero no se le extraditó a Colombia, se le dió una medida de libertad cautelar y parece que está actualmente en paradero desconocido.

La propuesta inicial del Ministerio resolvía pues uno de los principales problemas para salvar el humedal: la incorporación de las tierras de la empresa colombiana AGSE y, con ello, el cierre de los canales de desagüe, las fumigaciones y plantaciones de monocultivos. El Ministerio la echó para atrás bajo presión de la empresa quien usó a fondo sus contactos con los políticos y medios de comunicación para aparecer como “víctimas de una persecución” por parte de AMEDAR y para amenazar al gobierno que estaba preparando la creación del área protegida.

En la Asamblea Nacional el lobby de la palma aceitera apretó a fondo a la Ministra Endara y al Gobierno. Justo antes de crear Matusagaratí área protegida el director de Áreas Protegidas, Samuel Valdés, dimitía de su cargo.

El Ministerio de Ambiente rebajó la propuesta de creación de área de 37.000 a 26.000 hectáreas y, finalmente, a 24.000. Con ello la creación de tal “área protegida” rompió toda conectividad biológica entre la sierra Filo del Tallo-Canglón y el río Tuira. Dejó que continúe el desagüe del humedal a través de canales y dejó el arroz, la palma y los agroquímicos. La presión de los empresarios colombianos y sus socios políticos panameños doblegó al Gobierno. Poco después de dejar esta “area protegida” en tales condiciones, la Ministra Endara dimitió.

¿Era necesario crear un “área protegida” de esta manera, que dejaba desaguando el humedal? De ninguna manera. Según el biólogo y director de ACD, Osvaldo Jordan, en una entrevista realizada por Ligia Arreaga afirmaba que el Estado podía ordenar directamente, sin ningún decreto previo, cerrar y prohibir los desagües. El abogado ambientalista Harley Mitchell, en otra entrevista, afirmó que esa declaratoria era una “maniobra distractoria” de los verdaderos problemas que debían resolverse urgentemente, como el cierre de los canales de desagüe y recuperar la interconectividad del humedal.

El recurso legal contra las propiedades malhabidas

Mientras que con la declaración de área protegida se concedía a la empresa AGSE que siguiera con las tierras y sus actividades, el abogado Félix Wing, secretario del Ministerio de Ambiente, presentaba una denuncia muy bien argumentada y firmada por la Ministra Mirei Endara cuyo objetivo aparente era recuperar las tierras del humedal Matusagaratí.

En la denuncia se citan artículos de la Constitución, de Leyes del Ambiente, de Ordenamiento Territorial, de Titulación de Costas e Islas y del Código Civil concluyendo: “Conceptuamos que cualquier derecho posesorio reconocido o título de propiedad adjudicado sobre las zonas inundables del Humedal Matusagaratí es nulo de nulidad absoluta”.

Más adelante el redactado de la denuncia dice: “Conceptuamos que el reconocimiento de derechos de propiedad o posesorios sobre zonas inundables del Humedal Matusagaratí no sólo vulneró la normativa expuesta en las secciones precedentes, sino que también incumplió con el debido proceso legal…”(los subrayados son de la propia denuncia).

Si el Estado es el encargado, según la Constitución, de adoptar todas las medidas necesarias para que en humedales como el de Matusagaratí “se evite su depredación y se asegure su preservación, renovación y permanencia”, si los títulos de propiedad adjudicados a la empresa AGSE son “nulos de nulidad absoluta” entonces ¿porqué no actúa el Estado directamente? ¿Porqué se recurre a una maniobra tan complicada como la de aceptar una creación de área protegida tramposa, engañosa, que no protege realmente, que permite que sigan supuestos empresarios lavadores de dinero con actividades destructivas del humedal y luego presentar una denuncia para que un juez dictamine lo que ya se enuncia en el propio escrito de denuncia? ¿Es lógico que se actúe así sabiendo la corrupción que hay en los tribunales de Panamá?

Las denuncias de AMEDAR y de Ligia Arreaga

Lo más sencillo de todo, si se quisiera actuar para preservar realmente para salvar el humedal Matusagaratí, hubiera sido investigar las denuncias que interpuso AMEDAR y Ligia Arreaga. Desde el año 2007, en que Ligia Arreaga puso una de las primeras denuncias por compraventa ilegal de tierras, han pasado 10 años. Después dicha denuncia se amplió en 2009. Después se superpuso la denuncia por intento de asesinato en 2010. Después nueva denuncia de AMEDAR en 2014. Y después nuevas denuncias por amenazas de muerte en 2015 y 2016.

Todas esas denuncias han sido documentadas con cantidad de material probatorio: fotos, videos, documentos escritos y firmados, testimonios… Yo he sido testigo de la entrega de algunos de estos materiales a los abogados del CIAM y a la Fiscalía de Darién. Lo mismo que fui testigo de la primera propuesta de creación del área con 37.000 hectáreas en la Universidad ISAE de Metetí el 12 de abril de 2016, y que luego quedó en 24.000 sin ningún tipo de explicación. No sólo no se ha explicado jamás sino que este silencio ha venido acompañado del cese o dimisión de tres altos funcionarios implicados en la protección de Matusagaratí.

¿Qué pasa con Matusagaratí? ¿Qué pasa con las denuncias de compraventa ilegal de tierras que ha hecho AMEDAR desde 2007? ¿Qué pasa con las denuncias de amenazas a la vida de la periodista y ambientalista Ligia Arreaga desde 2010? ¿Algún día algún o alguna funcionaria del gobierno responderá?

Por: Alfons Bech (5 Junio 2017)

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