El 12 de noviembre más de 60 organizaciones de la sociedad civil, comunitarias y ambientales, integrantes del Comité Panameño de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), denunciaron en conferencia de prensa el uso del sistema judicial y campañas mediáticas como herramientas de hostigamiento contra defensores ambientales en el país. Las querellas penales admitidas contra el CIAM (Centro de Incidencia Ambiental) y ADOPTA Bosque, por su oposición al proyecto Puerto Barú en los Manglares de David (Provincia de Chiriquí), han sido calificadas como litigios estratégicos contra la participación pública (SLAPP), cuyo propósito es intimidar y silenciar a quienes protegen los derechos humanos y el ambiente.
Las organizaciones advirtieron además sobre una campaña coordinada de desinformación y desprestigio desde sectores promineros, dirigida a desacreditar a movimientos que rechazan la reapertura de la minería metálica. Recordaron que Panamá carece de legislación anti-SLAPP, lo que deja en vulnerabilidad a quienes defienden el ambiente y la salud pública.
Finalmente, exigieron al Estado cumplir sus compromisos bajo el Acuerdo de Escazú y garantizar un entorno seguro para las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos ambientales, recordando que, sin ecosistemas sanos, no hay población sana ni economía sostenible.
Por: Dania Batista Guevara. Radio Temblor Internacional.
Fotos y vídeo cortesía: CIAM


Last modified: 12/11/2025
