Written by La decisión del Gobierno panameño de trasladar 29 privados de libertad de alta peligrosidad a instalaciones ubicadas en la Isla Coiba ha generado críticas y preocupación entre científicos, organizaciones ecologistas, defensores ambientales y comunidades costeras del pacifico de la provincia de Veraguas.
Las autoridades han defendido la medida como parte de una estrategia para reforzar el control sobre estructuras criminales. Sin embargo, diversos sectores cuestionan que se utilice un territorio reconocido internacionalmente por su valor ecológico y protegido por la Ley 44 de 2004, que estableció el cierre definitivo del antiguo penal de Coiba.
Organizaciones ambientales advierten que la presencia de privados de libertad contradice el espíritu de la legislación vigente, poniendo en riesgo la composición e imagen internacional del Parque Nacional Coiba, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en el año 2005 y considerado uno de los ecosistemas más importantes del mundo.
Además, señalan que la decisión fue adoptada sin la debida consulta al Consejo Directivo del parque y que podría poner en riesgo los esfuerzos de conservación, investigación científica y turismo sostenible que se desarrollan en el área protegida.
Angelo Solanilla promotor del turismo costero en la zona al Parque Nacional Coiba expresa su preocupación ante esta decisión inconsulta que afectaría a toda una cadena de cooperativas y asociaciones comunitarias que se dedican responsablemente al turismo ecológico marino.
Para los sectores que rechazan la medida, la seguridad pública no puede construirse a costa del patrimonio natural del país. Por ello, exigen al gobierno revertir el traslado y garantizar el cumplimiento de las normas que protegen uno de los tesoros ambientales más importantes de Panamá y el mundo.
Por: Olmedo Carrasquilla Aguila. Radio Temblor Internacional
Last modified: 09/07/2026
