Internacional

Chile. Las huellas del extractivismo canadiense en los conflictos medioambientales y por el agua [Audio]

En Chile, el despojo y saqueo extractivo, genera múltiples impactos y violaciones de los derechos humanos. Uno de ellos, es el derecho al agua. En el actual momento de pandemia por el COVID-19, la escasez de agua gana proporciones aún más graves para la población en situación de mayor vulnerabilidad. 

La consigna “No es sequía, es saqueo” se ha masificado en el contexto del estallido social en Chile desde octubre pasado. Esta es la expresión de los cientos de conflictos por el agua y medioambientales que han surgido en las últimas décadas en el norte, centro y sur del país frente al saqueo de la minería, el sector energético, el agronegocio y las empresas forestales. El desarrollo extractivo en Chile va de la mano de una gran presencia de capital extranjero, siendo las inversiones canadienses una de las más importantes, principalmente en la minería, electricidad y en el lucrativo negocio de las empresas sanitarias. 

El Comité por los derechos humanos en América Latina, CDHAL, conversó con diversos movimientos y organizaciones sociales por la defensa del territorio y por la recuperación del agua. En Chile, el agua fue privatizada bajo la dictadura de Pinochet en la constitución de 1980. A través del código de aguas de 1981, se entregó “derechos de aprovechamiento” de aguas a privados, de forma perpetua y gratuita. Este modelo de aguas basado en el derecho de propiedad ha privilegiado la creciente demanda de la industria extractiva. 

La lucha del Movimiento de defensa del agua, la tierra y la protección del medioambiente MODATIMA, ha sido emblemática en Chile por la denuncia y resistencia frente al despojo del agua. Rodrigo Faundez, nos cuenta la  situación en la zona centro del país :

“Es un movimiento que nació en la provincia de Petorca, una de las provincias más afectadas por la crisis hídrica en más de una década. Nació el año 2010 justamente en la lucha contra el agronegocio de exportación de paltas o aguacate que al cabo de una década de instalación en el territorio vino a secar los ríos, las cuencas, a transformar el paisaje, la vida de los campesinos, de las campesinas, de los agricultores, de las comunidades rurales, derechamente por despojar el territorio del bien común más importante para sus vidas que es el agua”.

La situación en Chile es muy crítica en distintos lados del país porque atravesamos un stress y una crisis hídrica que se viene acumulando cerca de 10 años producto de varios factores. El primero de ellos es natural. Chile es uno de los 20 países en el mundo que será más afectado por el cambio climático. Particularmente la crisis hídrica va a estar asociado a este factor. Pero sumado a eso Chile es un país que tiene privatizadas sus aguas y un modelo primario exportador que exporta materias primas. Es uno de los exportadores mundiales de cerezas, paltas, cítricos, vinos y tiene muchísima superficie plantada en la zona central del país plantada por este tipo de cultivos. Esto genera un alto stress sobre los suelos de los territorios donde se emplazan estas actividades productivas. Esto ha generado con el tiempo, sobretodo en la última década, un número creciente de conflictos territoriales que se enfrentan a empresas que contaminan y es tanto el nivel de producción que terminan secando esteros, ríos y fuentes de aguas naturales. Hay zonas emblemáticas como en la provincia de Petorca en la quinta región, ya en la zona central cerca de Santiago, hacia la costa y el sur de la región metropolitana donde se han secado esteros, humedales e incluso ríos. La situación es tan crítica que durante el verano pasado murieron muchos  muchos animales de crianzero que murieron, cabras, vacunos, caballos, muchos, muchos, 10000 solamente  en una provincia, 15000 en otra provincia. Entonces son muchos animales muertos, son los campesinos los más afectados y esto produce multiplicidad de conflictos. Entonces nosotros decimos que el saqueo extractivo efectivamente se expresa en las grandes empresas de distintos rubros, sobreexplotan el agua, la tierra, contaminan, y esta sobreexplotación amparada en la legislación privatizadora del agua y privatizadora y  de todos los bienes comunes naturales termina por hacer estallar conflictos en distintas latitudes del país. La situación de robo de parte de las grandes empresas en cantidades industriales, el conflicto que se empezó a producir por distintas comunidades por el acceso humano y el derecho al agua decanto en la creación de este movimiento que lleva cerca de 10 años de existencia y de lucha a nivel nacional y que hoy estamos en distintas regiones del país. Ya estamos en 11 de 16 regiones del país porque la lucha por el agua ha crecido, se ha multiplicado y el movimiento ha pasado a ser uno de los más importantes en la denuncia nacional y a nivel internacional sobre el derecho al agua interviniendo en distintos debates públicos sobre el tema”. 

En el norte de Chile, gran parte de los conflictos territoriales se asocian a proyectos mineros en comunidades indígenas. La minería ha despojado a las comunidades indígenas de derechos ancestrales  tales como las fuentes de agua en el territorio. La lucha de la Comunidad agrícola de los Diaguitas  Huasco Altinos en la región de Atacama es emblemática. Hace más de 15 años que luchan  contra los proyectos Pascua Lama de Barrick Gold y el Morro o bien Nueva Unión de Gold Corp y de Teck Resources, todas empresas mineras canadienses. Pascua Lama operó sobre tierras usurpadas a la comunidad para construir una mina a cielo abierto de oro y de plata. Se situaba además sobre un sistema de glaciares, fuente fundamental de agua dulce para el sistema hidrológico del Valle del Huasco. Esto causó daños irreversibles tales como la destrucción de glaciares y la contaminación de los recursos hídricos, violando directamente el derecho al agua de la comunidad diaguita huasco-altinos. Tras muchos años de lucha, el año 2015 Barrick gold anunció la suspensión temporal de Pascua Lama. Un fallo histórico en 2014 permitió la paralización del proyecto El Morro. El año 2015 Goldcorp se asoció a la empresa Teck Ressources que poseía el proyecto el Relincho. Ambas empresas canadienses asociaron intereses en el proyecto Nueva Unión donde la resistencia sigue en pie de lucha. 

En medio del estallido social, el gobierno de Sebastián Piñera participó al encuentro más importante del sector minero que tuvo lugar en marzo de este año en Toronto, Canadá. Esta participación busca aumentar aún más las inversiones en el sector minero e igualmente en la explotación de litio en el norte del país. Chile es el primer productor de cobre a nivel mundial y es el segundo en poseer  las reservas más importantes de litio, recurso sumamente demandado en el mercado mundial. Lucio Cuenca, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA nos comenta sobre esto:

“La principal feria de minería que se realiza en Toronto todos los años en el mes de marzo, asisten los ministros de minería de la mayoría de nuestros países a competir por atraer las inversiones canadienses y de otros lugares del mundo a nuestros países. A mostrar las facilidades que nuestros países están otorgando para que se materialicen esas inversiones. Es así como ocurrió la última feria, en marzo de este año. El ministro de minería de Chile, para promover atracción de inversiones en la explotación de litio. El litio en Chile se encuentra en salares donde viven comunidades indígenas, donde hay ecosistemas frágiles, especies en peligro de extinción y el ministro de minería va a Toronto a despertar la posibilidad de explotar los 52 salares que existen en el norte de nuestro país. No sólo el Salar de Atacama que es el salar más importante que tiene nuestro país sino que todos los salares que algunos de ellos incluso están protegidos por convenciones ambientales internacionales como la convención de Ramsar en este caso de humedales alto andinos”. 

Según MODATIMA, existe un panorama de profundización del extractivismo minero en el norte del país. La minería necesita grandes cantidades de energía y agua para su funcionamiento. Tal como lo señala el Observatorio Ciudadano, la legislación chilena otorga a las concesiones mineras un derecho preferente para usar las aguas sin ninguna restricción. De esta forma, no están obligadas a justificar el uso que se les dará ni menos aún el volumen de agua que se está extrayendo. 

Gran parte de la matriz energética en Chile proviene de las hidroeléctricas, para suplir la demanda creciente de energía que consume el sector minero. Esto ha impulsado el desarrollo hidroeléctrico en el sur del país principalmente en territorios de comunidades mapuches. 

Ximena Cuadra, de la Red de Acción por los Derechos Ambientales, RADA que hace parte del Movimiento por el agua y los territorios, MAT, nos cuenta sobre la situación en la zona centro-sur del país : 

“En este territorio, los principales conflictos en torno al agua están asociados a los dos grandes procesos extractivos que se viven en el sur de Chile. Uno es la industria forestal y el segundo es la expansión de la hidroelectricidad. Para explicar el conflicto del agua con respecto al sector forestal, lo que es importante señalar es que las expansiones de tierra que ocupan las forestales son miles dentro del país. Las empresas forestales capturan una cantidad importante de agua que se produce a través de las napas subterráneas. Por lo tanto van secando las fuentes de agua de la que disponen comunidades aledañas a las empresas forestales las napas y eso tiene consecuencias directas en la población. Con respecto a los conflictos con las centrales hidroeléctricas, estas capturan el agua para construir embalses. En Chile la constitución reconoce el sistema privado del mercado de las aguas y por lo tanto el agua que corre por los ríos no es de quien posea la tierra, por lo tanto las centrales hidroeléctricas han acumulado derechos de agua más allá de los que utilizan. Entonces en la región de la Araucanía sólo el 3% de de los derechos del agua se utiliza para el consumo y está en manos de sanitarias, comunidades mapuches y comités de agua potable. El resto de los derechos de agua están concentrados en el riego y para la hidroelectricidad. El 21,5% de las viviendas en la región de La Araucanía accede a agua potable en  camiones aljibes y eso representa a 42 mil personas por lo tanto estamos viviendo una situación crítica”. 

Según OLCA, diversas regiones del país se han declarado como “Zonas de emergencia agrícola” afectando a más de 11 millones de personas. A esto se suma, las 147 comunas en situación de escasez hídrica, que según MODATIMA afecta alrededor de  1,5 millones de personas. Estas se encuentran privadas del derecho al agua, siendo dependientes de los camiones de distribución de agua que se han tenido que implantar para responder al desabastecimiento de la población. Lucio Cuenca, del OLCA, nos habla de la dificultad de adoptar las medidas de prevención sanitaria frente al coronavirus en el contexto de la mayor crisis hídrica que ha conocido Chile: 

“Cuando la principal recomendación es lavarse las manos frecuentemente para impedir la transmisión del virus, hay comunas, hay poblaciones que no pueden dar cumplimiento a esas indicaciones de salud pública a propósito de estar en situaciones de escasez. No está garantizado el derecho humano al agua ni siquiera acceso para el consumo humano”. 

Rodrigo Faundez, de MODATIMA, resalta la situación crítica en las áreas rurales:

“Por la crisis hídrica se multiplican cada vez más esa forma de abastecimiento de agua en las zonas rurales y eso significa que es probable que también sean una fuente de contagio y un vector del coronavirus porque no hay fiscalización ni vigilancia sobre esa red de camiones que distribuye agua potable en las zonas rurales. Estamos también demandando que los sectores relacionados con el agua vigilando que empiezan a imponer sus intereses especulativos y financieros en el covid o post covid en estos temas”. 

En el contexto del estallido social, diversas asambleas y cabildos territoriales se han articulado a nivel nacional para organizarse frente a los impactos medioambientales, las violaciones a los derechos humanos, la criminalización y persecución que viven las comunidades y el pueblo mapuche. Este ha sido un espacio igualmente para construir demandas transversales tal como ha sido por ejemplo la desprivatización del agua, como nos cuentan Rodrigo Faundez y Lucio Cuenca. 

“El proceso constituyente lo que abre es el de desmontar este modelo de administración del agua en manos de privados y declarar el agua como un derecho humano, como un bien común. La crisis del neoliberalismo llegó a un punto tal que estalló en octubre. La legitimidad que tenía que le permitía estar en pie se rompió y lo que viene ahora es construir un nuevo modelo, una nueva constitución que sea legítima que refleje el interés mayoritario de la sociedad. Y eso implica la desprivatización del agua, entre otras cosas. No entendemos el proceso constituyente como un punto de llegada sino como un punto de partida para empezar a desmontar algo que va a durar muchos años”.

“Dentro de las cuestiones fundamentales a abordar porque está relacionada con la desigualdad y la pobreza de muchos territorios, en el empobrecimiento de muchos territorios es la situación de la privatización del agua.Sin duda, en los cabildos, en las asambleas territoriales lo que lo que ha estado saliendo permanentemente es que se debe revertir el proceso de privatización, se tiene que declarar el agua como un derecho humano, como un derecho de la naturaleza en una nueva constitución y por lo tanto garantizar que el agua es un bien común. También establecer prioridades para garantizar el consumo humano, el bienestar de los ecosistemas y del ciclo del agua. Ese es el gran desafío junto con democratizar Chile, junto con abordar las deudas en derechos humanos y que eso sea plasmado en una nueva constitución”. 

Es importante también apuntar los intereses y responsabilidad  de inversiones extranjeras  en la situación de despojo extractivo que existe en los territorios. En este sentido, Canadá es el tercer país que más invierte en Chile si se suma a su participación en la minería, al del  sector eléctrico y de aguas sanitarias. Si consideramos solo el sector minero, Canadá es la principal fuente de capital extranjero, con más de 40 sociedades mineras y más de 100 proyectos en el país. Existen diversas instancias del Estado de Canadá que contribuyen a facilitar las inversiones canadienses en el extranjero. Un ejemplo de ello es Export Development Canada, agencia gubernamental de créditos a las exportaciones. Lucio Cuenca de OLCA ahonda sobre esta agencia y el rol de  Canadá en el sector minero:

“Una de las grandes problemáticas que ha profundizado la desigualdad y ha empobrecido nuestro país y ha precarizado la vida en muchas dimensiones son las inversiones extranjeras en la explotación de los recursos naturales y específicamente en la explotación de la minería. En ese ámbito, Canadá tiene un rol fundamental. Para eso, se ha contado con una política sistemática del Estado, del gobierno canadiense a través de la Agencia de crédito para las exportaciones de Canadá que otorgan créditos a empresas, pero no sólo eso sino que también entregan el respaldo político para que estas operaciones se puedan realizar en nuestro país.  EDC ha financiado créditos posterior al estallido social del 18 de octubre a BHP Billiton en la  minera La Escondida. Pero también el estado canadiense a través de esta agencia ha entregado créditos a la empresa estatal de cobre de Chile, CODELCO de Chile. Ha negociado en condiciones favorables estos créditos y que todos sabemos, tienen beneficios para las empresas pero son condicionados por el gobierno canadiense para que se negocie directamente con otras empresas canadienses para proveer servicios, tecnologías, etc por lo tanto son relaciones extremadamente interesadas y que hacen omisión a las violaciones de derechos humanos en Chile”. 

El Fondo de pensiones de profesores de Ontario-Canadá también es señalado como un actor importante. Presente desde la década de los noventa en Chile, este fondo es propietario de cuatro empresas de distribución y tratamiento de agua potable, tales como Aguas del Valle, Nuevo Sur, ESVAL, ESSBIO. Controla de esta manera más de un tercio del lucrativo mercado sanitario. Según datos de MODATIMA, de las 10 ciudades con la tarifa de agua más cara en América latina, 7 de ellas son de Chile alcanzando un precio de hasta 346$ USD mensuales. De igual forma, el Fondo de pensiones de profesores de Ontario posee desde el año 2008 el 50% de la empresa de distribución y transporte de electricidad SAESA la cual abastece a las regiones del sur del país. La empresa SAESA está asociada a al feminicidio empresarial de Macarena Valdés y a una serie de conflictos y atropellos en territorios de comunidades indígenas mapuches  al sur de Chile. 

La situación de profundización del extractivismo y saqueo ha contribuido a la mayor crisis hídrica en la historia del país. El modelo de aguas, basado en el derecho de propiedad ha privilegiado la creciente demanda de la industria extractiva. Por ejemplo, en el norte del país, la mercantilización del agua está regida por las necesidades de la minería de cobre y de litio. En la zona centro, la agroindustria y empresas sanitarias son las principales consumidoras. En la zona sur, las industrias forestales, la piscicultura y centrales hidroeléctricas son apuntadas como los principales actores en los conflictos por el territorio y el agua.  No sólo ha convertido el agua en un recurso escaso, sino también ha sobrepuesto el consumo de estos sectores productivos por sobre las necesidades de agua para el consumo humano. 

El desarrollo extractivo en Chile va de la mano de una gran presencia de capital extranjero, siendo las inversiones canadienses una de las más importantes, principalmente en la minería, electricidad y en el lucrativo negocio de las empresas sanitarias. La expansión de la minería canadiense a nivel mundial es parte de la estrategia de desarrollo y de la política exterior de Canadá. Una prueba de ello es que el 75% de las empresas mineras en el mundo están inscritas en Canadá. Además, entre el 50 al 70% de las actividades mineras en América latina están ligadas a empresas canadienses. En el caso de Chile es emblemático por ser el primer destino de dicha inversión en el sector minero en la región. 

El apoyo financiero y político  de Canadá a las inversiones en el sector extractivo se acompaña de una completa impunidad frente a las violaciones de los derechos humanos, siendo uno de ellos el derecho al agua. El año 2015 se anunció la creación de un ombudsman, organismo independiente y autónomo que investigue las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por empresas canadienses en el extranjero. Un año después de este anuncio, fue designada la abogada Sheri Meyerhoffer, muy cercana del lobby del petróleo. Esto generó descontento y recelo ante la capacidad de independencia del ombusdman frente al gobierno y  los intereses de las empresas. 

Estos hechos son conocidos desde hace mucho tiempo por el OLCA que en enero pasado lanzó el informe “Derechos Humanos, Extractivismo Canadiense y Agua”. 

“Mucho de la precarización que se vive hoy en los territorios corresponde a la intervención de empresas canadienses. La apropiación del agua en muchos territorios que incluso dejan sin posibilidad de desarrollar la vida a muchas comunidades indígenas o campesinas del norte de Chile. La política de relaciones comerciales e inversiones entre Chile y Canadá es fuertemente impulsada por el gobierno canadiense y su embajada acá en Santiago. Esto se debe a la incursión de las inversiones canadienses en nuestro país donde la embajada canadiense por ejemplo actúa casi como una agencia de apoyo de estas empresas para ejercer presiones políticas, para buscar soluciones a los inconvenientes que tienen estas inversiones en nuestro país. Por lo tanto hay una relación muy íntima entre la inversión canadiense en minería, la apropiación de los recursos naturales no sólo mineros,sino que  también en este caso en el agua y la violación de derechos humanos que ocurre en muchos lugares de Chile y por lo tanto ahí entendemos por qué el gobierno canadiense ha dado silencio luego del estallido social y de la revuelta social que hemos vivido en los últimos meses. No ha tenido una condena a la vulneración de los derechos humanos que ha cometido el gobierno de Piñera”. 

Reportaje: Christina Ayala del Comité por los derechos humanos en América Latina CDHAL, desde Canadá.

Imagen de archivo: Radio Temblor Internacional


Previous post

Panamá. ¡Qué falta hacen los Comités de Salud de José Renán Esquivel!

Next post

Ecuador. Docenas de comunidades pierden su fuente de sustento por derrame de petróleo

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *