Internacional

Informe: abusos contra ecologistas “no son casos aislados”

Entre el extractivismo, la preocupación por el medio ambiente y la violencia hay patrones que se repiten. Organizaciones andinas y europeas llevan a Ginebra y Bruselas un informe preocupante.

Que haya en este momento unos doscientas personas procesadas por protestar, no ha logrado detener la marcha que desde el bosque protector de Mindo Nambillo se dirige hacia Quito: una treintena de organizaciones convocan para protestar contra las 46 concesiones mineras que cambiarán la fisonomía de lo que hasta hoy es una zona de naturaleza exuberante. E impactarán la vida de sus habitantes. Pero, cuidado, la protesta medioambiental no está bien vista.

“En la práctica extractivista, en Ecuador los ataques contra defensores medioambientales van incrementando”, explica a DW Francisco Hurtado de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU). Esta organización acompaña desde hace 12 años a las comunidades afectadas por la minería a gran escala para la cual hay concesionadas, en este momento, dos millones de hectáreas.

“Por el proyecto minero Mirador, en Tundayme, hay 200 personas desplazadas. El asesinato de tres líderes shuar –uno en 2009, otro en 2013 y otro en 2014- sigue impune. Nos preocupa el patrón que se está imponiendo, en general, en América Latina”, sigue Hurtado.

Un informe preocupante

La CEDHU, el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) junto con la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y la belga Broederliijk Delen llevan su informe “Abusos de poder contra defensores y defensoras de los derechos humanos, del territorio y del ambiente” al relator de derechos humanos en Ginebra. También a Bruselas: la Unión Europea favorece explícitamente la defensa de los defensores.

“El proceso de desalojo del Barrio San Marcos –donde la empresa minera decidió construir una represa de desechos líquidos- comenzó con compras irregulares de tierras; luego fueron desalojados violentamente, sin proceso de reasentamiento”, sigue Hurtado. “Los dispositivos legales para acallar la protesta que se ponen en marcha son semejantes en Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia”, añade.

Según el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, en Colombia y Perú tanto el grado de violencia contra defensores como su criminalización es alto; en Ecuador y Bolivia el grado de criminalización es alto, el de violencia es menor.

“Por la explotación petrolera en la Amazonía boliviana, los tacana, que han vivido históricamente ahí, tienen que dejar su territorio, que el mismo Estado que se supone plurinacional, les ha reconocido”, cuenta a DW Marco Candarillas de CEDIB.

Estigmatización, prisión, violencia

“Un tercio de Bolivia es un bloque petrolero; hay planificadas 22 hidroeléctricas. Las poblaciones tienen que dejar sus territorios y su modo de vida. Y los que oponen son objeto de estigmatización“, sigue Candarillas. Los medioambientalistas resultan entonces una piedra en el zapato: “enemigos del desarrollo”, “ecoterroristas”. Las penas por protestar son, en algunos casos desmedidas.

Los conflictos ecoterritoriales, así datos de Naciones Unidas, representan más de la mitad de los conflictos sociales del continente. La situación es grave: según Global Witness, sólo en 2017, en Brasil fueron asesinados 46 medioambientalistas, en Colombia 32, en México 15. Según el OCMAL, entre 2011 y 2016 en Perú murieron 50 personas en enfrentamientos por conflictos medioambientales, quedaron 750 lesionados.

“Por hacer un plantón ante la empresa reclamando nuestro legítimo derecho al agua se han ido presos, seis meses, un año”, cuenta a DW Oscar Mollohuanca, ex alcalde de Espinar en el Cusco. Este pueblo convive con la minería; el índice de muertes por cáncer es alto. “Hemos logrado que se hagan estudios; en más de un 52% de los puntos monitoreados el nivel de elementos contaminantes es superior al permitido”, sigue Mollohuanca.

En las protestas del 2012 murieron 3 líderes de Espinar; él mismo estuvo en prisión 15 días. Pendiente tiene un juicio donde se pide 20 años de cárcel. Según su información, se debe a la exigencia de Espinar de que se cumpla con los estándares de calidad ambiental de las aguas. “La minería dura 50 o 100 años; pero puede perjudicar la posibilidad del desarrollo futuro de nuestro pueblo”, agrega.

“El problema humanitario es serio, compromete a millones de personas en América Latina”, apunta Candarillas. “No son casos aislados, hay patrones de fondo de abuso de poder que hacen la situación muy peligrosa. También para la seguridad de nuestra propia vida”, concluye.

Fuente: DW

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