Written by Del 10 al 15 de agosto del presente se desarrolló en la ciudad de Quetzaltenango (Guatemala), talleres sobre seguridad y espacio cívico para personas defensoras ambientales de Centroamérica.
En el mismo se trató diversos puntos sobre los retos del Acuerdo de Escazú en Centroamérica. Se señaló que, a 6 años de su firma, el Acuerdo sigue sin implementarse plenamente. Defensores enfrentan amenazas, SLAPPs (demandas estratégicas contra la participación pública) y violencia.
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado de América Latina y el Caribe que garantiza 3 derechos: acceso a la información ambiental, participación pública y justicia ambiental. Lo fiscaliza la CEPAL y busca que la ciudadanía pueda conocer, opinar y denunciar sobre temas como minería, agua, bosques y energía. Pero en la práctica, defender estos derechos tiene un costo muy alto.
Según datos compartidos de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en dichos talleres en Guatemala, solo en 2025 se registraron 12 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos. Además, enfrentan estigmatización, amenazas, discursos de odio y demandas SLAPP, cuyo objetivo es “desgastar” y provocar una “muerte civil”.
El Artículo 9 de Escazú obliga a los Estados a tomar “medidas urgentes de protección” a través de una Política de Protección Alineada, ya que “el termómetro es el estado de los defensores ambientales”.
Declaraciones de Irene Murillo Ruin, representante electa del público para el Acuerdo de Escazú
La conclusión de los talleres es clara: Escazú no puede quedarse en el papel. Se necesita implementación plena, coherente y con recursos.
Por: Milena Umaña. Radio Temblor Internacional
Last modified: 20/08/2026
