Written by Luego de la huelga nacional indefinida, el gobierno ha emprendido una serie de represalias contra los educadores que participaron en la protesta. Cerca de 300 docentes en todo el país han sido separados de manera injusta e ilegal de sus puestos en los centros educativos.
Ante esta realidad, los educadores han organizado colectas de alimentos, actividades de recaudación y ventas solidarias para apoyar a los docentes afectados, quienes han tenido que vender autos y pertenencias para cumplir con sus compromisos familiares e hipotecas.
El impacto no es solo económico: muchos docentes enfrentan cuadros de estrés, ansiedad y problemas de salud como resultado de esta persecución. Paralelamente, se han presentado demandas legales con la esperanza de lograr la restitución en sus colegios.
Escuchemos declaraciones de Fernando Ábrego, Secretario General de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (ASOPROF)
Ir a descargarComo si fuera poco, a los huelguistas se les recortó el pago del décimo tercer mes, y en la primera quincena de agosto, varios docentes vieron disminuidos sus salarios por orden de la Contraloría por la imposición de una multa al Tesoro Nacional, cuyo fundamento legal aún no ha sido explicado.
Todas estas medidas configuran un castigo directo contra quienes ejercieron su derecho a la protesta.
En lugar de diálogo y soluciones, los docentes enfrentan sanciones y hostigamiento. Pero la lucha continúa en las calles y en los tribunales, porque defender la educación y los derechos laborales no puede convertirse en un delito.
Por: Dania Batista Guevara. Radio Temblor Internacional.
Last modified: 23/08/2025
