Written by Todavía existen algunos pueblos que creen que sus gobernantes son elegidos para trabajar en beneficio de toda la sociedad y no de grupos reducidos de privilegiados. Esperanzas y sueños son depositados, junto al voto, por seres comunes que esperan pacientemente que sus demandas históricas sean por fin atendidas. Aun cuando no es una novedad que estos pueblos sucumban ante candidatos descafeinados, precedidos de promesas deslumbradoras que desde su origen se saben esencialmente falsas, o como ha venido ocurriendo en estos tiempos, candidatos exentos de lustre que desde muy temprano exhiben un talante francamente provocador; lo cierto es que, para todos, afortunadamente, esta conducta comienza a declinar.
Asimismo, se observa que en todo el mundo crece en los sectores mayoritarios y más organizados de los pueblos, la conciencia de que los gobernantes que utilizan equivocadamente o no los instrumentos de política económica en sus países, provocando mayores niveles de hambre y pobreza entre la población, deben exigírseles responsabilidades no solo políticas, sino también legales y penales. Y es que algunos han sido capaces de declarar con una desfachatez inaudita, que su compromiso es hacer más ricos a los ricos y, por ende, más pobres a los pobres.
Naturalmente que no siempre un gobierno suele incumplir todas las promesas que le hace a sus ciudadanos. Existen algunos que, aunque las hagan posterior a su ascensión al codiciado poder, las terminan cumpliendo con una precisión que envidiarían hasta los relojeros suizos. Este es el caso de la represión de las protestas populares que han prometido sin ningún reparo, con una alta dosis de intimidación y violencia en el Panamá del 2025.
Otra vez como hace dos décadas atrás, se demuestra con las reformas a la ley de la Caja del Seguro Social, que este país lo que realmente necesita es una transformación social profunda del Estado. Donde se consagre que la obligación del gobierno de brindar salud parte de su consideración como derecho humano y no como mercancía y negocio, que el pueblo panameño no es un cliente del sistema de salud, sino el dueño de las instituciones gubernamentales. Que la sociedad a la que aspiramos garantice o promueva el descanso de las personas y no la esclavitud bíblica al trabajo. O sea, la que se preocupe por favorecer un sentido a la vida más allá del trabajo, con un tiempo para el descanso después de una larga vida productiva.
Por ello, invocar que la esperanza de vida al nacer en Panamá supera ya los 76 años, para justificar el aumento de la edad de jubilación de manera directa o disfrazada es absolutamente perverso; cuando lo cierto es que la esperanza de vida en capacidad plena para trabajar, viene reduciéndose para grandes sectores del pueblo, como resultado primordialmente de los problemas de salud y la notable disminución del nivel de vida de la población.
En América Latina los sistemas de pensiones han venido reformulándose hacia un modelo privatizador de la salud y la seguridad social, desde mayo de 1981, cuando se comenzó con Chile, que transformó su sistema público de reparto que venía desde el año 1924, con uno privado de capitalización individual y que más de 40 años después, ha terminado en un reconocido rotundo fracaso.
En todos los últimos gobiernos que en Panamá se han sucedido, la visión prevaleciente sobre la Caja del Seguro Social y sus reformas, ha sido siempre las que mejor se acomoda a los intereses de los gremios empresariales, las Empresas Calificadoras de Riesgos y las políticas del FMI. No había entonces ninguna razón para creer que, en el actual gobierno, que desde el primer día se declaró pro empresarios, la visión de ahora fuera a ser distinta.
La ley 462 del 18 de marzo de 2025 sobre la CSS, no garantiza por ningún lado el mantenimiento del carácter público y solidario de la seguridad social, como derecho humano fundamental, ni tampoco declara una lucha frontal contra los evasores y morosos de cuotas por parte de empresarios. Es una ley que se sustenta en la quimera de empleos estables, salarios altos o por lo menos dignos y un bajo desempleo y que pretende que el modelo de capitalización individual, se transforme en la base de la acumulación neoliberal capitalista en Panamá. Asimismo, es totalmente falso que con ella se eliminará el clientelismo político y la corrupción que ha lacerado durante mucho tiempo al seguro social; solo van a cambiar los actores y protagonistas. Al final el sistema se mantendrá incólume.
Por eso el movimiento popular y social más consciente y organizado del país, sabía que no se trataba únicamente de rechazar todas aquellas propuestas, que han sido concebidas para extraer recursos de la clase trabajadora para transferirlos directa o indirectamente a los dueños del capital en Panamá. Se trataba y se trata, de la necesidad urgente de apuntar hacia la transformación social profunda e integral del régimen político, que ha sido el principal protector y sostén de un sistema que se siente conforme que los empresarios privados, acumulen una morosidad de la cuota obrero-patronal de varios cientos de millones de dólares.
Porque al final lo que sucederá es que los aportes de los afiliados y los subsidios estatales van a ser superiores a las pensiones de hambre que pagara el sistema. Es decir, va a entrar más dinero que el que sale, que directa o indirectamente serán transferidos a los grandes grupos financieros y los propietarios del capital en Panamá.
Por: Pedro Rivera Ramos. Investigador e Ingeniero agrónomo panameño.
Last modified: 25/04/2025
