Latinoamérica

Guatemala. La crisis detrás de la crisis

La única salida es una agenda política programática y unitaria para transformar el Estado.

Las crisis que cíclicamente sacuden a Guatemala son el resultado de un sistema político-institucional profundamente enquistado, que tiene la impunidad como regla y la violencia como principal herramienta para dirimir conflictos. Trasformar radicalmente el Estado parece ser el único camino para romper esta dinámica perversa.

El último capítulo de la crisis involucró al presidente Jimmy Morales y al jefe de la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez. Sin embargo, varios analistas aseguran que no se trata de un enfrentamiento entre dos personas, sino de algo más profundo: justicia versus impunidad.

Durante sus diez años de presencia en el país, la Cicig ha sufrido ataques e intentos de cierre. Según Jorge Santos, subcoordinador de Udefegua(1), lo que está detrás del intento fallido de expulsión de Velásquez es la voluntad de sectores de la sociedad guatemalteca de debilitar el sistema de justicia.

Entre 2010 y 2015, Guatemala vivió dos momentos profundamente significativos: la creación de los Tribunales de Mayor Riesgo, que permitió un avance significativo en materia de justicia para las víctimas, y el destape de la red de corrupción denominada ‘La Línea’.

Las investigaciones llevaron al encarcelamiento del presidente Otto Pérez Molina y de su vice Roxana Baldetti, generando un movimiento de protesta popular nunca antes visto y asegurando la permanencia de la Cicig en el país.

“La lucha anticorrupción comenzó a tocar el corazón de la estructura criminal y delictiva dentro del Estado, que está profundamente enlazada con los grupos de poder que controlan al país”, dijo a La Rel, Carlos Barrientos, secretario ejecutivo del Comité de Unidad Campesina (CUC).

“Una estructura que, entre otras cosas, nunca quiso que si dieran avances significativos en la defensa de los derechos indígenas plasmados tanto en la Constitución Política y las leyes nacionales, como en el Convenio 169 de la OIT”, agregó Barrientos.

Cientos de detenidos y prófugo
…ya no son tan intocables

El resultado de la ofensiva judicial no tiene precedentes en Guatemala: 25 casos de corrupción, unas 350 personas enviadas a detención preventiva y más de 100 prófugos de la justicia.

“Hablamos de verdaderos actores del poder en el país. Son expresidentes, ministros, magistrados, directores de la Policía, militares, jefes de inteligencia y de la contrainsurgencia, narcotraficantes, directores de instituciones públicas, funcionarios públicos, empresarios, banqueros, miembros del poder mediático”, explicó Santos.

La decisión del presidente Morales de declarar ‘non grato’ y expulsar al comisionado Velásquez no pretende solamente contener los avances del sistema de justicia, sino producir un retroceso sistémico en el país.

“Acompañando al presidente en esta ofensiva están la vieja oligarquía conservadora, el poder económico tradicional y el emergente, la élite política que ya no ve garantías para sostener el modelo clientelar y corrupto y el crimen organizado”, explicó a La Rel, Byron Garoz, activista del Colectivo Otra Guatemala Ya.

La infaltable presencia de Odebrecht
Más corrupción, más impunidad

“También están muy preocupados por los avances de las investigaciones sobre los sobornos pagados por la filial de la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios y políticos guatemaltecos.

Se habla de unos 18 millones de dólares pagados para que se aprobara un préstamo multimillonario, para financiar un proyecto de ampliación de carreteras -que nunca se llevó a cabo- valorado en casi 400 millones”, agregó Garoz.

Volver a los 70
Consolidar el modelo explotador

A pesar de no haber logrado el objetivo por la reacción enérgica de la comunidad internacional y la inmediata reacción popular, el ataque de las élites a la lucha contra la corrupción y para la consolidación del modelo no cesa.

“Quieren hacernos retroceder a los años 70, cuando la violencia constituía la herramienta privilegiada para imponer un modelo de desarrollo profundamente injusto y excluyente para las mayorías.

Se sienten como animales arrinconados y reaccionan queriendo profundizar a sangre y fuego dicho modelo, garantizando así su inversión e imponiendo su visión de país.

Si se lo permitimos, lo que vamos a tener es un grave retroceso en el marco legal vigente, en las garantías de construcción de democracia y un retroceso fundamental en derechos humanos”, manifestó preocupado Jorge Santos.

Una articulación amplia y unitaria
Movilizados exigiendo una Constituyente Plurinacional

De esta situación, el presidente Jimmy Morales sale muy debilitado. Ya quedó muy atrás el lema con el cual se presentó y ganó las elecciones de 2015 “Ni corrupto, ni ladrón”.

Ahora el Congreso tendrá que decidir sobre cuatro solicitudes de antejuicio presentadas contra Morales por financiamiento electoral ilícito, obstrucción a la justicia, coacción, abuso de autoridad y desobediencia.

Los diputados tendrán que decidir, por mayoría calificada, si despojar al presidente de su inmunidad para que se enfrente a la justicia.

“Estamos enfrentándonos a una crisis muy compleja. Necesitamos crear una articulación lo más amplia posible, que genere unidad de acción y una movilización social y popular masiva y permanente.

Sólo así podremos intentar armar una agenda política programática de transformación del contrato social”, dijo Santos.

A ese propósito, varias organizaciones sociales y populares están proponiendo la instalación de una Constituyente.

“La crisis está intacta. Las élites y los poderes criminales están intentando ahora pactar un reacomodo y desactivar el conflicto, garantizando así sus intereses”, indicó Garoz.

“Necesitamos de una profunda reforma del Estado a través de una Asamblea Nacional Constituyente plurinacional, popular y multisectorial.

Sólo así podremos transformar un sistema que históricamente ha concentrado la riqueza en pocas manos, a costa de la explotación de la fuerza laboral y el despojo, la criminalización y represión del movimiento obrero y de las comunidades indígenas y campesinas”, concluyó Carlos Barrientos.

[1] Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala

Por: Giorgio Trucchi | Rel-UITA

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