Latinoamérica

Otra violación a los derechos humanos costarricense…

Entrevista a Reinier Canales Medina, luchador social en Palmar Sur:

Han transcurrido más de un año de gobierno costarricense a cargo del presidente Luis Guillermo Solís, politólogo y académico, que por su profesión asumió el reto de cambiar el destino tico. Pero ha sufrido un revés, en la predica de darle mejor vida al país, sus tribunas han pasado hacer un desfile de palabras huecas e incumplidas como prometio en las pasadas campañas.

Pero también, evidentes son los profundos señalamiento a las cúpulas partidistas que albergan en la asamblea de diputados, cuya herencia ideológica ha estado al servicio del clientelismo y corrupción sobre los bienes del estado.

Para muestra, es el trafico de influencia para favorecer a empresarios en la obtención de tierras, otra evidencia es la evasión del pago de impuesto al fisco, y los continuos ataques a sectores sociales que demandan leyes para la protección de su desarrollo y calidad de vida, la cual vemos en la Caja Costarricense de Seguro Social CCSS que sufre por los petardos de la privatización, el inhumano acto de sepultar la ley que protegía a miles de familias costeras (TECOCOS), el incumplimiento del Estado con los convenios internacionales sobre los pueblos indígenas, su autonomía y desarrollo, y así un despliegue de necesidades y problemas sociales, que la partidocracia tilda de acciones comunistas.

Haciendo un breve calculo sobre el ejercicio de los derechos humanos en las áreas rurales, los conflictos territoriales han superado los medios legales en que el estado debió proceder para la protección, amparo y adjudicación por legitimidad, las tierras que le corresponde a familias campesinas e indígenas, la cual no cabe duda o justificación de que gobierno no tiene la voluntad o capacidad para dirimir dicho escenario, y que a la luz del silencio administrativo, el invasor empresarial despoja bajo fuerza y fuego la esperanza de tierra para la gente humilde que trata de ser feliz.

Esta vez le toco a más de 100 familias, entre agricultores, pequeños comerciantes, amas de casas y personas que depende de la tierra para sostenerse, y que de paso la niñez y juventud en estos procesos su desarrollo para alcanzar mejores aspiraciones son truncadas en el abismo posterior al desempleo, vicios, criminalidad y muerte.

Ya han transcurrido días en que la amenaza, la fuerza de las hordas de la policía y abandono de las autoridades nacionales, penetraran en el corazón de las fincas de Chánguena, Palmar Sur de Osa, en donde familias llevan más de 25 años desarrollando su vida en esta zona sur de Costa Rica.

Estas fueron desalojadas sin que mediara un tiempo perentorio para debatir la naturaleza del procedimiento legal. Cuya acción fue ejecutada dejando a la intemperie a niños y mujeres, que se ubican en el puente sobre el río Grande de Térraba. En donde cada día a partir de la fecha del desalojo, realizan protesta para llamar la atención de los transeúntes y máxime de las autoridades que no han cumplido a cabalidad con las leyes y su asistencia a los afectados.

Para tal efecto, había una valida justificación para suspender los desalojos dictada por Tribunal Contencioso, y que para el amparo de las familias se solicitó una medida cautelar provisional por las fincas en disputa por supuestos derechos de arrendamiento, y que son exigidas por las empresas Bananera Chánguena y Térraba SA. Ya que el arriendo de tierras se dio en 1991, transcurriendo 20 años, cumplidos en el 2011, cuya ley luego de desarrollar la tierra por 10 años, son adjudicadas por el Estado a quién las desarrolla. y en este caso, la Fuerza Pública debió suspender la ejecución de desalojo, en función legitima de la protección de los derechos humanos como de los protocolos legales para tales casos.

La orden de desalojo procede de una resolución del Juzgado de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo, el pasado 24 de junio de 2015. Cuya propiedad tiene 110 hectáreas ubicada en el distrito Palmar Sur del cantón de Osa, que está en pleito administrativo y judicial desde el 2001.

Todo apunta a que, hay grandes negocios dirigido por el empresario Oscar Echeverría Heigold (propietario de Motores Británicos) y socios para construir un mega proyecto turístico y aeropuerto internacional de Osa. Echeverría, tienes deudas millonarias con la CCSS, además de gozo préstamos cuantiosos de bancos del Estado, declarándose posterior en quiebra, y con un largo expediente de denuncias por violaciones a derechos laborales.

Según informes, se ha procedido a ayudar a las familias afectadas de parte de las autoridades municipales y representantes políticos, que se presentaron al lugar de los hechos, pero es preciso señalar que la solidaridad ha procedido de otras fincas vecinas y familiares, como también de organizaciones solidarias del país.

Las familias afectadas quieren pronta solución, escrita y actuada, sin las condiciones politiqueras y confuso lenguaje para tomar la decisión de resolver por la vía pacifica el problema. También se ha señalado, que el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) evalúa varias opciones de propiedades para reubicar a las familias.

Pero, a puertas abiertas, se exige el cumplimiento de los derechos humanos, ya que es reprochable el trato inhumano en estos tiempo, en como se ejecuta hacia campesinos e indígena como si se tratara de una guerra de exterminio racial.

Y nuevamente otro conflicto se registra en los anaqueles de las violaciones a los derechos humanos del gobierno del Luís Guillermo Solís, por no acudir y evitar por doquier, las exigencias de cambio social que muchas familias esperaron, como promesa de campaña.

Fotos: familias afectadas

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