Written by Para la clase trabajadora panameña, el primer año de gobierno del señor José Raúl Mulino ha sido una sucesión de retrocesos: represión, inseguridad, desempleo, hambre, despidos y una creciente incertidumbre que erosiona el tejido social tanto en la ciudad como en el campo. Desde la óptica sindical, este gobierno ha demostrado una alarmante vocación autoritaria, desconociendo derechos fundamentales, las conquistas sociales y profundizando las desigualdades que históricamente nos han marginado.
Diversos sectores sociales han alzado la voz frente al desmantelamiento de las garantías democráticas. Las decisiones impuestas por el Ejecutivo no solo han ignorado los consensos logrados en las llamadas “mesas de diálogo”, sino que han pisoteado la voluntad de la mayoría ciudadana. La imposición de la Ley 462 de 2025 —que liquida el sistema solidario de pensiones para dar paso a cuentas individuales y abre la puerta a la privatización del Seguro Social— constituye una burla flagrante al acuerdo derivado de las mesas y al clamor social.
A pesar de que 9 de las 11 organizaciones participantes en la mesa convocada por el presidente se pronunciaron a favor de mantener el modelo solidario, y de que más del 85 % de las intervenciones ante la Asamblea Nacional respaldaban esa postura, el oficialismo y la Asamblea Nacional prefirió alinearse con los intereses del capital financiero y aprobar esta ley con 48 votos que no representan la voluntad popular. No es casual que, con esta normativa, se habilite a la banca privada a manejar el 10 % de los fondos del Seguro Social. Es una confiscación encubierta del ahorro colectivo de las aseguradas y asegurados.
Pero el ataque a los derechos del pueblo no se detiene ahí. A espaldas del país, se firmó un memorándum de entendimiento que allana el camino para la instalación de bases militares extranjeras, profanando la memoria de generaciones que lucharon por la soberanía nacional. Mientras tanto, el intento de reabrir la mina de cobre —ahora bajo un modelo mixto entre el Estado y First Quantum— ignora descaradamente los impactos ambientales sobre la provincia de Coclé y otras regiones del Istmo, así como el sentir del pueblo panameño. Se gobierna para la empresa privada, no para el pueblo.
En julio de 2024, la Corte Suprema anuló la Ley 20 de 2006 y reactivó la Ley 44 de 1999, reincorporando a Río Indio a la cuenca del Canal. En su momento, esta ley fue fuertemente cuestionada por comunidades campesinas e indígenas, quienes denunciaron que no fueron consultadas y quienes temen desalojos y afectaciones socioambientales. Entre las zonas propensas a estos riesgos con el restablecimiento de esta ley, están Río Indio, Coclé del Norte, Toabré, Caño Sucio, entre otras. Estas comunidades ya habían luchado anteriormente por la derogación de dicha ley, lográndolo.
Los atropellos son múltiples: la retención arbitraria de las cuentas sindicales de Suntracs, la negativa del Ministerio de Trabajo a entregar los fondos legales del seguro educativo para capacitación a los sindicatos, el establecimiento de obstáculos para la legalización de sindicatos y la criminalización en el ejercicio del derecho a la protesta. El desprecio por la libertad sindical viola flagrantemente los convenios 87 y 98 de la OIT, de los cuales Panamá es signatario.
Pero si algo evidencia la degradación de este gobierno es el trato humillante y racista infligido a la cacica Emberá Wounaan, Lucrecia Caisamo, detenida con grilletes como si defender la dignidad de su pueblo fuera un crimen. Nunca antes, en la historia reciente del Istmo, habíamos visto semejante atropello estatal contra una mujer indígena. Siendo esta la representación más atroz de un racismo sistemático del Estado, contra la población indígena y campesina.
Los datos son irrefutables: según el INEC, el desempleo ha escalado del 7,4 % al 9,5 % entre agosto de 2023 y 2025, y la informalidad alcanza ya el 49,3 %. El país sobrevive como puede, bajo una carestía insostenible, mientras el gobierno responde con gases, balas de goma y brutalidad policial —en especial contra mujeres trabajadoras, maestras, estudiantes e indígenas— como si exigir justicia social fuera motivo de castigo.
La criminalización de la protesta y el intento sistemático de silenciar a las organizaciones sindicales revelan el verdadero plan del oficialismo: gobernar sin oposición, sin contrapesos, sin ética y para la empresa privada, los cuatro largos años que le quedan. Pero que no se equivoquen: el pueblo organizado no será silenciado. Desde cada calle, cada sindicato y cada comunidad, seguiremos defendiendo con dignidad lo que por derecho nos pertenece.
Por: Nelva Reyes Barahona. Educadora y Secretaria General de la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá (CGTP)
Last modified: 03/07/2025
