Written by A medida que se reanudan las comunicaciones con la provincia de Bocas del Toro se va conociendo la gravedad de las violaciones de los derechos humanos cometidos bajo el decreto de “estado de urgencia” (estado de sitio) del gobierno de José R. Mulino por parte de los diversos estamentos policiales bajo la dirección del ministro de seguridad, Frank Ábrego.
Todo lo que sabemos es gracias a las redes sociales y las imágenes gravadas por personas particulares, así como los testimonios recabados por juristas que voluntariamente se ofrecieron para defender a los detenidos y detenidas.
Las denuncias son impresionantes: ha habido allanamientos de viviendas y arrestos de personas de manera arbitraria; golpes, perdigonazos, uso de gases lacrimógenos contra personas que ya estaba arrestadas. Trato degradante hacia las mujeres arrestadas. Los compañeros fueron traslados en calzoncillos y descalzos a cárceles en otros lugares de la república. Hay denuncias de posibles muertos, hechos hasta ahora no comprobados.
Actos de represión y barbarie como éstos no se vivían en Panamá desde el régimen militar de 1968, lo que prueba es que estamos ante la Dictadura de Mulino.
Un detalle no menor de estos hechos sistemáticos es que se han cebado con la población indígena, de la etnia Ngäbe-Buglé, mayoritaria en Bocas del Toro, pero también sobre los indígenas emberá, en el caso de la comunidad de Arimae en Darién, cuya represión se produjo días antes y que terminó con el arresto arbitrario del cacique y la cacica de la comunidad.
Todos estos abusos contra los derechos humanos, cometidos de manera sistemática, que califican en la tipología de los crímenes de “lesa humanidad”, se han hecho con la complicidad activa: de los medios de comunicación de masas que se han enfocado en tratar a quienes protestaban como delincuentes; de la Defensoría del Pueblo, que no cumplió sus funciones en el momento adecuado; y de la ambigüedad de las iglesias evangélicas y católica que han preferido hacerse los desentendidos o, peor aún, como el obispo de esa diócesis, Aníbal Saldaña, que prefirió defender a los dueños de comercios saqueados en una conferencia de prensa.
El presidente José R. Mulino, intentó descalificar la lucha de las comunidades indígenas diciendo que ellos “no cotizaban a la Caja de Seguro Social”. Cuando la realidad es que los jóvenes de la etnia Ngäbe-Buglé constituyen el grueso de la mano de obra agrícola del país, son los que cosechan las verduras de Tierras Altas, los que hacen la zafra del café y la caña de azúcar; los que cultivan el banano de Chiquita Brands y de los productores independientes. Así que lo que come Panamá es gracias a ese sector, lo que les da derecho a defender sus conquistas sociales.
La actitud racista de la máxima investidura del estado panameño, se suma un antecedente: él fue responsable institucional, de los abusos cometidos en 2010 y 2011, en la lucha contra la “ley chorizo” y las reformas al Código Minero, donde hubo muertos y personas cegadas por los disparos de perdigones de la policía, y que en su momento Mulino “justificó” alegando que quienes protestaban eran “indios borrachos”.
Es como si no se hubiera aprendido nada después de pasados 500 años de los crímenes de la conquista española y 100 años de la Revolución Dule de 1925, desatada por unos gobiernos liberales que pretendían “civilizar al indio” destruyendo sus tradiciones. Hoy, como en aquel tiempo, el Estado panameño comete todo tipo de delitos y violaciones de los derechos humanos contra una población racializada y estigmatizada por el color de su piel y su cultura.
Hay que advertir que un principio del derecho nacional e internacional es que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y en cualquier momento futuro podrán ser investigados y castigados.
Por ello nos sumamos a quienes desde diversas organizaciones proponen la creación de una Comisión Investigadora Independiente que recoja las denuncias de las violaciones a los derechos humanos cometidos, principalmente en Bocas del Toro, pero que también debe ser extensiva a todo el país.
Las organizaciones populares, sindicales, gremiales, profesionales, de derechos humanos de todo el país debemos unirnos exigiendo el cese de la feroz represión lanzada por el gobierno panameño en todo el país contra quienes han salido a defender en las calles las jubilaciones, la soberanía y los derechos ambientales.
Exigimos la libertad inmediata de los dirigentes sindicales presos: los de Sitraibana, empezando por su secretario general Francisco Smith, y los del Suntracs, empezando por Jaime Caballero y Genaro López, al igual que la persecución contra Saúl Méndez, secretario general, y Erasmo Cerrud, secretario de defensa. Exigimos la restitución de las cuentas de las cuentas bancarias del SUNTRACS y de su cooperativa.
Exigimos el levantamiento de los procesos judiciales abiertos y las medidas cautelares que pesan contra centenares activistas estudiantiles, sindicales, docentes y comunitarios.
Exigimos el cese de la persecución contra los docentes que han estado en huelga, que se les restituyan sus salarios y se anulen los despidos ilegales de la ministra Lucinda Molinar. En el marco de la despiadada actitud del gobierno de no negociar con los gremios en lucha, consideramos legítimo que la dirigencia magisterial construya puentes de diálogo con sectores de la nueva directiva de la Asamblea Nacional.
En Panamá, entre abril y julio de 2025, se ha librado una lucha heroica y titánica por parte de los gremios docentes, del movimiento obrero, principalmente el de la construcción y bananero, por parte del movimiento estudiantil y de las comunidades rurales, sobre todo las indígenas, como las de Arimae en Darién y las de Bocas del Toro. Hay que felicitar a los luchadores y luchadoras que han persistido pese a la represión y las amenazas.
A veces no alcanza el heroísmo. Lamentablemente no todas las luchas se ganan. Y a veces hay que retroceder para preservar el movimiento, para esperar otros momentos que ya vendrán. Hay que ser conscientes de que este movimiento se ha enfrentado a algunos baluartes del sistema capitalista internacional: las reformas de los sistemas de pensiones, el extractivismo y el rearme militarista.
El movimiento popular y sindical panameño ha sido vanguardia mundial de esa lucha contra un sistema capitalista depredador y antihumano, pero también debemos saber que hay procesos internacionales que, en este momento, están a favor de Mulino y fortalecen sus políticas.
Mulino es parte de una corriente reaccionaria continental e internacional, de las que provienen gobiernos como el de Miley en Argentina, Bukele en El Salvador y Donald Trump en Estados Unidos. La derrota de esos sectores ultraderechistas y neofascistas será un proceso internacional, del que el movimiento popular panameño es parte.
Mientras exigimos la restauración plena de las libertades democráticas en Panamá, organicemos y maduremos un proyecto político alternativo de la vanguardia luchadora que prepare las condiciones para que más temprano que tarde saquemos del poder político a esa élite oligárquica corrupta que nos gobierna.
Por: Olmedo Beluche. Sociólogo, catedrático de la Universidad de Panamá.
Foto: Juan Cajar.
Last modified: 08/07/2025
