Por qué nos movilizamos #1 | Pronunciamiento frente a las políticas neoliberales y de represión del gobierno

Serie | Por qué nos movilizamos

La historia de nuestros pueblos está llena de hitos de rebeldía que han impedido el abuso del poder. Los levantamientos indígenas y las acciones de protesta de las diferentes organizaciones y movimientos sociales han logrado mantener vivo el sentido colectivo que se ha expresado en muchos procesos de resistencia a lo largo del tiempo frente a un colonialismo que sigue buscando despojar a los pueblos de sus derechos y territorios.

La política económica del gobierno nacional, basada en la profundización de un modelo neoliberal privatizador, aperturista, extractivista, que otorga enormes privilegios a las grandes corporaciones a través de Tratados de Libre Comercio y Tratados de Protección de Inversiones, solo puede cumplirse a través de ejercer violencia sobre las comunidades, los pueblos y la naturaleza. La resistencia de las organizaciones sociales para impedir este despojo es respondida con represión, criminalización y judicialización de personas defensoras de derechos. La violencia desplegada por el gobierno nacional en el marco del paro demuestra que esta lógica va a continuar.

Para lograr el cometido de expandir la frontera extractivista, el gobierno nacional otorga enormes garantías a los inversionistas nacionales y transnacionales, mientras restringe los derechos de los pueblos y de la naturaleza. Una de esas garantías es la “seguridad jurídica” obtenida a partir de controlar los conflictos sociales y reprimir la movilización y la protesta, para no poner en riesgo a las inversiones.

El gobierno está empeñado en ampliar las concesiones mineras en millones de hectáreas, afectando fuentes de agua, bosques, tierras campesinas y territorios indígenas. Para lograrlo, ofrece a las empresas una seguridad jurídica con la potestad de interponer demandas multimillonarias contra el Estado ante tribunales internacionales de arbitraje. En concordancia con esto, se emitió el Decreto Ejecutivo 151 que, entre otras cosas, simplifica y acelera los trámites administrativos para fraguar la legalización de proyectos mineros plagados de irregularidades, desmantelando los controles ambientales y la prelación en el uso del agua. La gestión y el manejo de la operación minera en el país ha permitido el atropello de derechos constitucionales como el derecho a la participación, la consulta, la vida libre de contaminación, la defensa del agua.

En cuanto a la política petrolera, el gobierno de Lasso emitió en julio de 2021 el Decreto 95 con el objetivo de duplicar la extracción de petróleo, ampliando las fronteras de devastación de territorios indígenas, de pueblos en aislamiento voluntario, comunidades campesinas, bosques prístinos, ríos y lagunas en la Amazonía. Esta política constituye una agresiva arremetida contra los pueblos y comunidades que ya enfrentan violaciones a sus derechos fundamentales por la quema de gas en los mecheros, los constantes derrames y la destrucción de sus fuentes de vida.

La política agraria del actual gobierno se basa en la promoción del agronegocio, la inversión extranjera en el agro, y la profundización de la agricultura basada en insumos importados. Esto incrementa la dependencia de las familias campesinas y agricultores al puñado de empresas transnacionales y nacionales que fabrican e importan estos insumos. De esta manera, en lugar de iniciar un proceso de transición hacia la agroecología y fortalecer la agricultura campesina autónoma (que es la base de la alimentación de nuestro país), se la desplaza. La falta de políticas agrícolas con enfoque campesino es la principal causa de la crisis que se vive en el mundo rural.

Todas estas políticas han profundizado los conflictos sociales ya que las comunidades locales defensoras de sus tierras, territorios y de la naturaleza responden desde el ejercicio de su derecho a la resistencia. Para imponer los proyectos, el Estado interviene en los territorios utilizando la fuerza pública en complicidad con las fuerzas de seguridad de las empresas. Y lo hace menospreciando la decisión de las comunidades de rechazar los proyectos petroleros, mineros o agroindustriales.

En los procesos de resistencia, las personas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza son perseguidas y criminalizadas. Por esta razón, el 10 de marzo de este año, la Asamblea Nacional reconoció la importancia de su labor, otorgando amnistía a 267 personas defensoras de derechos. Sin embargo al día de hoy, no se han hecho efectivas todas las amnistías y, además, existen más de 100 nuevas criminalizaciones a defensores y defensoras en los territorios donde existen actividades extractivas.

La criminalización de la protesta social, en medio de la grave crisis carcelaria que se vive en el país, cumple además la función de generar miedo y terror, pues existe la posibilidad de ser asesinado cruelmente en los “centros de rehabilitación”. Las palabras del presidente Guillermo Lasso hace algunos meses, amenazando al presidente de la CONAIE Leonidas Iza, que podría terminar con “los huesos en la cárcel” resulta, a la luz de las actuales circunstancias, el anuncio de una sentencia de muerte para quienes decidan movilizarse y protestar.

El mundo vive una crisis profunda, no solo por el cambio climático que provoca desastres cotidianos, inundaciones, deslaves, incendios, olas de frio y de calor, sino por la intensificación del extractivismo en las zonas más vulnerables; la agroindustria sobre las tierras campesinas; la acumulación de desechos y empobrecimiento en las ciudades. ¿Quién enfrenta esa crisis? Los gobiernos, lamentablemente no, las empresas peor, ellas se ponen a la cabeza de los procesos destructivos. Son las comunidades locales, afroecuatorianas, campesinas, y particularmente las comunidades indígenas, quienes han dado su grito de BASTA a la destrucción. Nos demuestran que las batallas actuales “de una conquista inconclusa” se dan en los territorios de los pueblos, con proyectos, políticas o actividades que ignoran deliberadamente que hay otras relaciones con la naturaleza, que la prioridad es la soberanía alimentaria, energética, cultural.

Cuando se pide derogar decretos, frenar los proyectos mineros o petroleros, apoyar la agricultura campesina, nos invitan a ser parte de una Naturaleza defendiéndose.

Fuente: Acción Ecológica

Fotografía: CONFENAIE