Mujeres Feministas organizadas de Panamá realizan marcha hacia la Corte Suprema de Justicia en reclamo a sus demandas

Con motivo del 25 de noviembre, día internacional de la No violencia hacia las mujeres, el movimiento Mujeres Feministas organizadas de Panamá partieron desde la Plaza 5 de mayo de la ciudad capital, en dirección a la sede de la Corte Suprema de Justicia en Ancón. Acompañadas de una batucada feminista durante todo el recorrido, el color morado, representativo de la mujer se veía en la mayoría de las manifestantes además de banderas por la diversidad sexual y pañoletas verdes por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.

En las escalinatas de la Corte Suprema de Justicia se podía apreciar 184 pares de zapatos de mujer pintados de rojo, como un llamado a sensibilizar sobre los femicidios en el país, un problema social que impacta la vida de mujeres y de sus familias. Como en años anteriores Espacio Encuentro de Mujeres (EEM) lleva adelante esta campaña conocida como “Zapatos rojos”, en lugares públicos y el día 28 de noviembre de 10:00 am A 1:00 pm esta muestra se instalará en la terminal de Transporte de Albrook. Esta campaña es conocida a nivel mundial, la cual inició en el año 2009 con la artista mexicana Elina Chauvet, quien colocó 33 pares de zapatos rojos en la ciudad de Juárez (México) para simbolizar las víctimas de femicidios en esta ciudad, la cual ocupa los primeros lugares de este delito en ese país.

Una vez en la Corte, la lidereza sindical y educadora Nelva Reyes dio lectura al comunicado sobre la situación de violencia que sufren las mujeres en su diario vivir y que lamentablemente son respaldadas por acción u omisión del Estado, haciendo a la vez un llamado de atención al Estado a que cumpla su papel en proteger la vida, honra e integridad de las mujeres. A su vez, la lidereza feminista Jessica Solís leyó la nota dirigida al Magistrado Presidente de la Corte Suprema, con el mismo tenor. Copiamos abajo un extracto del comunicado:

“1. Panamá tiene más de diez años de contar con el delito de violencia doméstica, como el principal delito que ocurre en el país, sin embargo, los esfuerzos para contrarrestarla siguen siendo pocos frente a esta problemática y no son comparables con los que se realizan en materia de otros delitos. De hecho, este año se registra la cifra más alta en los últimos cinco años de los casos de violencia doméstica, siendo que hasta el mes de octubre se sumaron 14319 denuncias.

2. A las mujeres nos siguen matando en mano de las parejas y se nos sigue abusando sexualmente. Hasta octubre del presente año, el Ministerio Público contabilizó 17 casos de femicidio, 12 tentativas y 16 muertes violentas. Para el mismo período se denunciaron 5923 casos de delitos contra la libertad e integridad sexual, siendo las mujeres, niñas y adolescentes las principales víctimas.

3. Los dos fallos de la Corte Suprema de Justicia emitidos este año dan cuenta de la violencia institucional contra las mujeres, dejando claro a la faz del país la visión de una Corte machista, patriarcal y discriminatoria, que sigue reproduciendo pensamientos atávicos que ubican a las mujeres en condición de inferioridad y vulnerabilidad. Nos referimos al fallo que da respuesta a la acción de inconstitucionalidad de los artículos 3 y 4 de la Ley 7 de 2013 que niega el derecho a la posibilidad de que mujeres y hombres puedan realizar procesos de esterilización en la misma edad. También nos referimos al fallo que declara No Culpable al Diputado Arquesio Arias por los delitos de violación carnal y actos libidinosos, dándole luz verde a abusadores sexuales de seguir violentándonos, teniendo certeza de que nada les pasará.

4. La violencia institucional hacia las mujeres, propiciada por el Órgano Legislativo al no incluir la paridad en las reformas electorales del 2021, generando que se mantenga la desigualdad y discriminación histórica basada en género en el ámbito político. Así como la constante falta de integridad y coherencia de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional, que no descansa en proponer leyes que atentan contra la autonomía de las mujeres.

5. La falta de presupuesto suficiente para aplicar las políticas de igualdad de oportunidades hacia las mujeres y de prevención y protección de la violencia. El Instituto Nacional de la Mujer tuvo un recorte presupuestal considerable respecto del ya pobre presupuesto que tenía, poniendo en riesgo la atención de las víctimas de violencia a nivel nacional a través de los CINAMU y la existencia de las líneas de auxilio con acompañamiento y atención integral inmediata a las mujeres que se encuentran en riesgo.

6. La incapacidad del Órgano Ejecutivo de proteger a la niñez y a la adolescencia en albergues regentados por éste. Exigimos la condena de quienes resulten responsables del abuso sistematizado realizado en perjuicio de niños, niñas y adolescentes que vivían en los albergues en donde fueron abusados.

7. La ausente gestión del Órgano Ejecutivo, mediante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y el Ministerio de Desarrollo Social, de generar una política nacional integral de pleno empleo que incluya a las mujeres, considerando sus realidades históricas de desigualdad en materia de cuidados.

a. Producto de la pandemia las mujeres trabajadoras, sobre todo las más jóvenes, han sido las principales desempleadas, las menos reinsertadas al mercado laboral y han vivido distintas situaciones de acoso laboral. Se precisa que el Estado asuma su responsabilidad en materia de generar los espacios necesarios para los cuidados, que limitan la participación de las mujeres trabajadoras en el trabajo remunerado y que genere políticas que obliguen al sector público y privado a contratar a mujeres en espacios seguros.

8. La falta de acceso al aborto seguro y del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

9. La indiferencia del Órgano Ejecutivo, mediante la inacción del Ministerio de Gobierno de cumplir con su obligación establecida en la Ley 82 de 2013 de regular los contenidos sexistas en los medios de comunicación social, permitiendo que se sostengan concepciones que propician la objetivación sexual y otras formas machistas de violencia simbólica hacia las mujeres, la cual sostiene todas las otras violencias.

10. La violencia que se genera al medio ambiente mediante la práctica de la minería, poniendo en riesgo el agua, los recursos naturales en general, así como la vida humana. Las mujeres históricamente hemos sido cuidadoras de nuestro ambiente, por ello nos oponemos a todo acto de minería a cielo abierto que se propicie en el país.

11. La violencia que históricamente han sufrido las familias pobres, lideradas en su mayoría por mujeres racializadas – campesinas, indígenas o afrodescendientes – quienes tienen bajo su custodia a niños, niñas y adolescentes y que ha aumentado durante la pandemia. Violencia que se ha expresado mediante la falta de acceso a educación de calidad, por no contar con los recursos tecnológicos y digitales para ello; mediante el desalojo de sus viviendas; la falta de acceso a la salud y a la seguridad social, puesto que no tener trabajo remunerado les impide estar en el sistema de protección social; el aumento de la canasta básica de alimentos que impide que se tengan los insumos necesarios para sostener la vida; y la falta de trabajo digno, puesto que las mujeres realizan los trabajos más precarios del país, entre otras.

12. La violencia que sufren mujeres adultas mayores, mujeres con discapacidad, mujeres de la diversidad sexual, mujeres migrantes, mujeres trabajadoras del hogar, mujeres trabajadoras sexuales por parte de la policía nacional, todas a las que no se les considera en el desarrollo de políticas públicas que les reconozcan como sujetas de derechos y se les asegure su bienestar.

13. Exigimos al gobierno nacional el cumplimiento de lo que establecen diversas normativas y convenios internacionales vigentes y que señalan la obligación de propiciar la igualdad de oportunidades hacia las mujeres, la prevención y atención integral de la violencia basada en género y su respectiva sanción.

¡Basta de la complicidad y de las acciones que nos violentan desde el mismo Estado!

¡Exigimos el cumplimiento de la Ley 82 de 2013!

¡Exigimos presupuesto sensible a género que permita la aplicación de las políticas públicas necesarias para prevenir la violencia hacia las mujeres!

¡Basta de violencia hacia las mujeres!

Mujeres feministas organizadas de Panamá

#ResistimosJuntas”

Escuchemos declaraciones de Ereyda Peña, integrante de Juventudes Revolucionarias (JR) sobre el significado del 25 de noviembre para las mujeres panameñas: