Guatemala. “El trabajo de la Cicig es imprescindible”

Autoridades indígenas rechazan medida represiva del presidente Morales.

Mientras los alcaldes aglutinados en la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) respaldaban la decisión del mandatario de expulsar al comisionado Iván Velásquez, las autoridades indígenas ancestrales se concentraban frente a las instalaciones de la Cicig, reafirmando su compromiso con su lucha contra la corrupción y asegurando que “Iván no se va”.

“Como autoridades ancestrales estamos apoyando al comisionado Iván Velásquez, a la Fiscal General Thelma Aldana y a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) para que puedan continuar con su trabajo”, dijo a La Rel, Ana Laínez, alcaldesa indígena de Nebaj del pueblo Ixil.

“El trabajo que han desarrollado ha sido muy efectivo en cuanto al combate contra la corrupción, el crimen organizado y la impunidad. Hay fuerzas oscuras que pretenden detener este trabajo y seguir entregando nuestros bienes naturales a las transnacionales”, agregó Laínez.

La alcaldesa indígena manifestó que oponerse a este plan macabro y luchar contra la corrupción acarrea problemas muy serios.

“Lo que está pasando es un claro ejemplo de criminalización de la lucha. Ya no queremos que se nos siga persiguiendo y discriminando.

No estamos en contra del desarrollo, pero sí de la corrupción y de todos los males que aquejan a Guatemala. Por esto estamos aquí respaldando el trabajo de Iván (Velásquez) y la Cicig”, sentenció Ana Laínez.

Corte Constitucional detiene expulsión
Mandatario tendrá que acatar resolución

En horas de la tarde, las autoridades indígenas se trasladaron frente a la Corte de Constitucionalidad, donde los magistrados suspendieron definitivamente la expulsión del comisionado de la Cicig, ordenada el pasado domingo por el presidente Jimmy Morales.

Además, instaron a los ministros de Gobernación, Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y al director de la Policía Nacional, a abstenerse de ejecutar la orden del mandatario.

En caso de incumplimiento se deducirán las responsabilidades que corresponden.

Según la resolución aprobada con tres votos a favor y dos en contra, el presidente Morales habría actuado con ilegalidad, incumpliendo artículos de la Constitución y el acuerdo entre las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala para el establecimiento de la Cicig.

“Es una decisión importante e imprescindible para continuar la lucha contra la corrupción”, concluyó Laínez.