Written by Los gobiernos heredados de la invasión militar estadounidense de 1989, jamás han estado por los intereses ni mucho menos del lado de la supuesta y tan esperada democracia para el pueblo panameño. Nelson Mandela definió democracia: “Si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan Parlamento”. Palabra inexistente para los pobres en Panamá.
Los mismos hechos grises y condenables se repiten una y otra vez con igual o mayor intensidad en el poder amenizado entre los partidos políticos. Y en esta ocasión es el gobierno del Partido Revolucionario Democrático PRD que dirige Laurentino Cortizo, reluce el desprecio y odio a las clases populares.
Se ha observado actos antiéticos como despilfarros del erario público en gastos innecesarios como aumentos de planilla, sueldos exorbitantes en funcionarios de altos mandos, compra de flotas de carros, por si fuera poco, sobrecostos en compras estatales de diversas índoles, solicitud de préstamos millonarios a organismos financieros internacionales, inversiones para “respaldar el sistema bancario” de 515 millones de dólares, en medio de una pandemia que ha impactado negativamente la economía en los hogares panameños, quienes a duras penas les llegaba un mísero bono y en algunas ocasiones una pequeña bolsa de comida. Sumado a esto el no pago de sus quincenas a tiempo al personal médico y de enfermería, quienes han hecho frente en jornadas extensas en los hospitales y centros de salud atendiendo a pacientes con COVID 19.
Por otro lado, recientemente se han estado dando protestas del sector agropecuario debido a la emergente situación ante el costo de los insumos para sus producciones, la nula estrategia para el mercadeo de sus productos agropecuarios y la revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el sector transportistas por la alza del combustible y su efecto dominó, la protesta de las enfermeras exigiendo el cumplimiento de pagos y contratos no formalizados, también las acciones de los pueblos originarios, campesinos y ecologistas en contra de concesión de tierras para extractivismo minero y en la provincia de Colón por el abandono histórico gubernamental, y quienes demandan mejor calidad de vida.
Los sin tierras, los sin techos, otra realidad nacional de miles de familias panameña sin el derecho humano a una vivienda digna y problema de vieja data, solo basta recordar el movimiento de la Liga de Inquilinos y Subsistencia quienes se alzaron en protestas en 1925 y 1932 precisamente por el aumento incontrolable de los alquileres y no tener un espacio donde vivir. Hace unos días se desalojó de manera brutal e inhumana a moradores de la comunidad Tierra Prometida (Distrito de Chorrera) por parte de unidades policiales, agentes antidisturbios junto al Ministro de Vivienda (Rogelio Paredes) haciendo gala de la fuerza, destruyendo casas y todo lo que estuviera a su paso, dejando a la intemperie a familias enteras, sufriendo bajo las fuertes lluvias que en esta época del año son muy comunes. Además, personas heridas, y 7 personas privadas de libertad tratados como delincuentes comunes y que aún se mantienen encarcelados.
Aunado a este escenario dantesco, indígenas Ngäbe Buglé, quienes se mantenían en las inmediaciones del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco que represa el río Tabasará de manera pacífica, fueron vil y salvajemente atacados por agentes antidisturbios, disparando de manera indiscriminada balas de goma y lanzando bombas lacrimógenas, resultando gravemente heridos los manifestantes, entre ellos menores de edad (uno con la pérdida de un ojo), todo al mejor estilo dictatorial desde cuando este mismo partido fue gobierno en la época de los militares. Solo basta repudiar los 44 millones de dólares en hoteles para los estamentos policiales y el desfile militar en el mes de noviembre del presente año.
Mientras esta agresión se ejecutaba, el presidente Cortizo en su intervención en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 COP 26 en Glasgow (Escocia), expresaba que en Panamá “comenzamos por respetar a los pueblos originarios y nuestros bosques con lo cual protegemos el 33% de la superficie de nuestro país”. Todo lo contrario, y como si fuera poco el gobierno aprueba el Decreto Ejecutivo No. 141 de 2021 que crea los “Certificados de Acreditación de Uso de Suelo en Áreas Protegidas”, el cual busca reconocer derechos de posesión dentro de las Áreas Protegidas. Clara evidencia a merced de los negociados de tierra en pro de las transnacionales y empresas extractivas de bienes ecológicos.
Un país carente de una verdadera visión y política socioambiental en nuestro Istmo, la cual ha dado paso a modelos de desarrollos insostenibles y fracasados, que en el marco de la crisis climática ahora adopta falsas soluciones al cambio climático basadas en la especulación financiera como es el negocio de los créditos de carbono, la compensación por pérdida de biodiversidad y otras invenciones sin una verdadera accesibilidad a la justicia climática.
La ciudadanía ha manifestado el rechazo al actual gobierno, y las acumuladas violaciones a los derechos humanos, económicos y ambientales por los gobiernos anteriores que han estado plagados de corrupción, ineficiencia, nepotismo, clientelismo, incompetencia, y sin rendición de cuentas a la población, ubicando al país con una alta deuda externa, inseguridad ciudadana y en desigualdad social.
Las movilizaciones del sector organizado y de la ciudadanía en general contra este nefasto gobierno continuarán para exigir respeto a los derechos humanos, libertad para los presos políticos que defienden los derechos humanos de los moradores de Tierra Prometida, por la transparencia en la gestión pública y la distribución equitativa de las riquezas para los sectores pobres de Panamá.
Hacemos un llamado a organismos de derechos humanos nacional e internacional a fin de investigar la criminalización de la protesta social y el uso de la fuerza indiscriminadas hacia los distintos sectores sociales reprimidos y encarcelados.
A las organizaciones sociales internacionales a denunciar abiertamente al Gobierno Panameño, ante la rampante corrupción y falso discurso de respeto y prosperidad que vocifera el Gobierno Nacional en cumbres internacionales.
Hacemos un llamado a todo el Pueblo Panameño a organizarnos, a fortalecer las organizaciones de bases y a movilizarnos como un derecho humano a discernir y proponer verdaderas soluciones a los problemas nacionales.
Y como hemos manifestado: “Aquí inicia la deconstrucción hacia la liberación ante el yugo esclavizante. Para levantar colectivamente la asunción terrenal, los saberes, emulados y pluralizados hacia un mejor continente en que pueda sostenerse de una economía ecológica, popular y solidaria, donde los otros mundos puedan respirar sin pasaporte, donde todxs quepan”.
Así es la Abya Yala de los de ayer, presentes y siempre… Cada día rebeldes y alegres.
Colectivo Voces Ecológicas COVEC
Panamá, 3 de noviembre de 2021.
Last modified: 03/11/2021
