Gritos de libertad… Para Orlando Barrantes e Iván Angulo

Una historia dentro del registro de víctimas de la criminalización de la protesta social en Costa Rica. El pasado 16 de septiembre, Orlando Barrantes fue condenado a 12 años de prisión por los juzgados de Pococí, en la provincia de Limón, Costa Rica. Condena que no goza de fundamento legal, ya que se evidencia una persecución política a quienes se manifiestan a favor de las necesidades y lucha del pueblo.

Según los tribunales ticos, Barrantes es autor intelectual de un secuestro extorsivo en diciembre de 2000, en el marco de una huelga en Gúapiles, cuyo modus operandi supuesto fue la retención de cuatro agentes de la policía en represalia a la represión ejecutada por anti motines contra los manifestantes. Escena que es rechazada debido a que se desarrollaba una negociación para salir del conflicto, en la que participaban tanto Orlando Barrantes como Iván Angulo Vargas, por tanto se les juzga por una acción que no cometieron ellos, sino otros.

Por ende, ambos, están encarcelados preventivamente y el movimiento social, organizaciones de derechos humanos y grupos solidarios han emprendido una campaña para su liberación. Una de estas fue la presentación de un recursos de Habeas Corpus el 18 de septiembre, la cual fue acogida y que este lunes 21 de septiembre se procedió en una manifestación de la Asamblea Legislativa hasta la Corte de Suprema de Justicia de Costa Rica para solicitar una revisión de su trámite, y donde aun no hay una resolución definitiva que materialice el espíritu del recurso legal.

Este escenario tiene como antesala la condena de Paulina Briones, Mauricio Steller y ahora Orlando e Iván. Así com el encarcelamiento al indígena Sergio Rojas, la impunidad a los asesinos de Jairo Mora y el procesamiento a cinco activistas en el marco de la represión del 8 de noviembre del 2012.

Todo un engranaje de intimidación y persecución hasta condenas para hacer callar el movimiento social que viene realizando un papel importante en el cumplimiento de los Derechos Humanos y la Justicia Social.