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Ayer estaba presentando unos videos de la organización Alianza por un Mejor Darién en la Universidad Autónoma de Barcelona. En ellos se explica la destrucción que se está haciendo del principal humedal de agua dulce de Panamá, el humedal-laguna Matusagaratí, en la provincia de Darién, limítrofe con Colombia. Es una de las regiones más rica en biodiversidad. La laguna se está desecando desde hace 7 años por una empresa de origen colombiano. Seis enormes canales drenan el agua dulce y la expulsan hacia el río Tuira.

Para lavar un dinero que en su origen proviene de los narcodólares se empezó a dar vida a una empresa: AGSE, SA, Agricultura y Servicios Panamá, SA. Bajo uno de los gobiernos más corrupto que ha tenido Panamá, la administración de Ricardo Martinelli, las instituciones del Ambiente, ANAM, así como de titulación de tierras, del agua, aceptaron el cambio de uso de tierras de humedal, su titulación y parcelación, para que naciera un proyecto de “producción de arroz bajo sistema de riego”. Es decir, un proyecto en el que las tierras y espacios sumergidos en agua o inundables -por principio intitulables por ser un bien público y de la humanidad- empezaron a privatizarse a gran escala. Desde hace siete años se produce arroz y, de ahí, se ha pasado a la palma aceitera, otro negocio que suele usar el narcotráfico en la vecina Colombia para lavar su dinero sucio.

La charla que siguió mostró el gran interés que hay entre la comunidad científica. El caso Matusagaratí forma ya parte del Atlas de conflictos ambientales del mundo, promovido por Justicia Ambiental Mundial. Surgían preguntas, pero la más insistente era ¿qué podemos hacer para ayudar?

Pues bien, ayer por la noche recibía una de las noticias más penosas que he recibido y que contradecía todo lo que habíamos estado hablando durante el día: ¡Matusagaratí está ardiendo! Un incendio está asolando el humedal-laguna desde hace unos días y parece que es incontrolable. La muerte del humedal se acelera ahora por obra de ese crimen, que se suma a los que se le viene haciendo desde hace años: desagüe y desecación, tala de árboles, fumigaciones aéreas y manuales, quemas regulares cada año y sustitución del bosque por potrero, etc.

El crimen va por delante de la lucha de ambientalistas, campesinos, pescadores, estudiantes y profesores o moradores de la zona. Contradictoriamente y precisamente porque está avanzando la conciencia social y por las repercusiones que ya está teniendo la destrucción -que se notan particularmente por la crisis de agua que se está dando por segundo año consecutivo en la capital de la provincia, La Palma, y sus alrededores- se ha instalado la idea de “¡agarra lo que puedas que esto se acaba!”. Algunos campesinos, de la zona o de otras provincias, corren a instalarse, a tumbar árboles, a quemar, para tratar de demostrar que ellos ya tenían esos terrenos y luego tratar de conseguir títulos posesorios.

El gobierno, a través de la Fiscalía, del Ministerio de Ambiente, o de la policía de fronteras, SENAFRONT, no ha hecho nada para impedir las quemas. Nadie está yendo a la cárcel. SENAFRONT es la única organización que tiene medios hoy para hacer sobrevuelos, aparte de la empresa arrocera. Es la institución encargada de vigilar el patrimonio nacional. ¿Dónde está ese “servicio a la patria” si dejan quemar todo el patrimonio? ¿Por qué no hay ni un detenido?

Desde que se instaló la empresa AGSE,SA se ha instalado en la provincia un clima de impunidad que penetra todas las capas sociales. Agricultores o ganaderos ambiciosos llegan a la provincia de Darién después de devastar otras provincias en las que ya no queda casi un árbol por tumbar. Venden el terreno de su provincia de origen y van a Darién a pedir tierras. Es un sistema que funciona desde hace tiempo. Sustituyen el bosque original por las plantaciones de Teca, por potreros mejorados que requieren el uso de agroquímicos. Se permite que se tumben los árboles y se dejen en el suelo un año o dos para que luego prendan mejor el fuego y arrasen toda la vegetación. Cuanto más carbonizado el paisaje…¡mejor!

El gobierno no ha querido o sabido dar un toque de atención y parar la impunidad que viene de lejos. Si no se corta la destrucción del gran depredador, la gran empresa, el ejemplo de impunidad prolifera y los pequeños y medianos criminales de la naturaleza también se atreven. Más aún, ahora van a la carrera…¡antes de que Matusagaratí sea declarado Parque Nacional, Zona protegida, o Sitio Ramsar! La impunidad de los grandes destructores anima a los pequeños a seguir sus pasos.

Y todo esto ocurre con celeridad. Los ambiciosos y desalmados pueden destruir Matusagaratí antes de que la sociedad sepa de verdad lo que está ocurriendo, antes de que tenga tiempo de reaccionar y de salvar su biodiversidad y riqueza para las futuras generaciones. Como la pesca. Darién es hoy una provincia sin ley ni orden. ¿Ha hecho algo la policía? ¿Ha hecho algo la Fiscalía? ¿Ha hecho algo el Ministerio del Ambiente? No parece; nada ha trascendido.

La sociedad panameña y el ambientalismo internacional no pueden quedarse de brazos cruzados esperando a que desde las instancias oficiales confirmen la defunción de Matusagaratí. El principal humedal de agua dulce de Panamá, un bien común de la humanidad, no se puede perder. Menos aun cuando el agua empieza a ser ya un recurso escaso en Panamá a causa del cambio climático. Es necesario exigir que se investigue y castigue a quienes realizan esas quemas. ¡Basta de impunidad! Es necesario que se cierren ya, como medida cautelar, los seis canales que llevan desaguando Matusagaratí desde hace siete años.

El gobierno de Panamá debe RESPONDER. No sirve hacer estudios ambientales que se alargan, que llegan a conclusiones de salvar parcialmente el humedal, que hablan de “manejo sostenible”…cuando están aserrando, quemando, desaguando, usando productos químicos ante los ojos de la comunidad.

Ayer, día mundial de la mujer trabajadora, en muchas partes del mundo se rendía homenaje a Berta Cáceres, la ambientalista indígena asesinada por su lucha en defensa de un ambiente saludable para toda la comunidad. Hoy todas y todos somos responsables de seguir esta misma lucha allí donde se dé. Todas y todos somos responsables ante las futuras generaciones. Particularmente los/las periodistas tenemos un deber social y debemos cumplirlo si creemos en la utilidad y función de nuestra profesión de alerta y alarma ante la desaparición acelerada de un bien común como el humedal-laguna Matusagaratí.

Por: Alfons Bech

9 de Marzo de 2016

Last modified: 11/03/2016

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