Written by Panamá entró en un período fuerte de privatización en la década de los años noventa, bajo la excusa que no eran rentables que instituciones públicas estuvieran bajo el control del paraguas estatal, que pasando a manos privadas serían más eficientes. Han pasado un poco más de 20 años, y ha sido peor los servicios: cortes de luz programados, o de manera imprevista, no ha llegado a todos los sectores del país.
El servicio telefónico es más caro, muchas quejas en el servicio por parte de usuarios y un largo etcétera. Lo único que ha quedado sin privatizar es el agua porque el pueblo ya tiene conciencia de lo costoso, lo que ha representado estas “soluciones” para el pueblo, y no lo ha permitido.
Esta institución está en la mira de todos los gobiernos y hasta han intentado enmascararla con la llamada tercerización. Con el Canal también ha sonado entre corrillos, pero saben que por Constitución y el pueblo panameño jamás permitiría semejante exabrupto.
En cuanto a la deuda externa, la podemos ver de diversas ópticas. Por un lado, ningún gobierno ha tenido la decencia y el valor de declarar su no pago, cuando se sabe que son cuentas impagables para mantener supeditados a los gobiernos a la políticas neoliberales. Por el otro, la contaminación de las áreas que fueron utilizadas por las bases militares estadounidenses, así como la invasión del 20 de diciembre de 1989, son las deudas pendientes que tiene el imperio estadounidense con el Estado panameño. Las grandes potencias a través de organismos financieros quieren ver los préstamos pero no el daño y crímenes de lesa humanidad que comenten contra pueblos indefensos, del cual son responsables y les toca asumir, pagar y resarcir donde han intervenido.
Por: Dania Batista. Colectivo Voces ecológicas COVEC / Red Jubileo Sur Américas
Last modified: 26/07/2019
