Panamá

El Sector Eléctrico: monopolio natural

Por: Miguel Ramos (Economista)

Existen actividades económicas que por las características de su desarrollo tienden a monopolizar los mercados y se debe a las siguientes razones: el alto nivel de capital que requieren sus instalaciones, el carácter inelástico de la demanda y por el tamaño del mercado. A estas actividades se le denomina monopolios naturales y generalmente una sola entidad empresarial, sea esta pública, privada o mixta es las encargada de la administración y gestión de la misma.

En Panamá el sector eléctrico hasta 1998 era administrado y desarrollado por el IRHE, entidad estatal fundada en 1969. Hasta ese año la actividad eléctrica era administrada y gestionada por la Compañía Panameña de Fuerza y Luz, cuya propietaria era la empresa Boise Cascade Inc., de origen estadounidense. Esta empresa se negó a apoyar los planes del gobierno de turno tendientes a ampliar la red eléctrica y ante esta situación el gobierno decide nacionalizar la empresa a través de su compra.

El IRHE funciono como monopolio natural y gestionaba tanto la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica en todo el país y el amplio considerablemente. Con la reforma del sector eléctrico en 1997, se dividió  en tres rubros: generación, transmisión y distribución para permitir la incursión de empresas privadas de origen extranjero en la misma. Se decidió mantener la transmisión en manos del estado para que actuara como una especie de regulador indirecto de la tarifa y la optimización del sistema. Para que esto último fuera posible la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A., tenía que garantizar la plena eficiencia del sistema de transmisión y ejecutar la oportuna expansión del mismo y eso fue precisamente lo que no hiso.

Los gerentes de ETESA que son propuestos y nombrados por el Presidente de la República están vinculados a empresas privadas del sector eléctrico y al representar a intereses creados generan conflictos de intereses que afectan a todo el sector. Por otro lado, la Autoridad de Servicios Públicos, que es el ente regulador, no cumple adecuadamente su función por la misma razón. He aquí entonces el origen del problema, que reside precisamente en la intervención de empresas privadas en el sector.

El modelo de gestión adoptado en 1997 es ineficiente y genera la inestabilidad de la tarifa eléctrica y en esta ocasión a la ASEP se le fue la mano porque autorizo un alza de B/0.015 por kilowatt lo que es muy alto. La protesta de la población fue generalizada y el gobierno se vio obligado a suspender la aplicación del alza de la tarifa.

La solución que proponemos es que se derogue la ley que introdujo el modelo de administración y gestión del sector eléctrico en 1997 y que vuelva a funcionar como un sistema eléctrico integrado de carácter vertical tanto en la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica, administrado por un solo ente empresarial. Por las características del mercado panameño solo hay dos formas posibles: la primera es que se renacionalice el sector eléctrico y esa es la propuesta de los sectores sociales y populares y la segunda que se constituya como una empresa mixta en donde el estado se reserve por lo menos el 60% de las acciones de la misma, aparte de reservarse la potestad de nombrar a sus directores.

La posibilidad de considerar la constitución de una empresa mixta reside en el hecho de que una renacionalización podría llegar a ser muy costosa para el estado panameño. El gobierno de Pérez Balladares firmo una serie de acuerdos como el Tratado Multilateral de Inversiones y Tratados de Protección de Inversiones Extranjeras con EE.UU, España, Japón, Francia y otras potencias capitalistas. Esto quiere decir que si el estado panameño decide renacionalizar estas empresas, estaría obligado no solo a indemnizarlas por las inversiones realizadas, sino que tendría que  compensarlas por el lucro cesante que dejaran de percibir del horizonte temporal futuro de dicha inversión.  A esto se agrega que las empresas podrían recurrir a centros de arbitraje y demandar al estado panameño.

Lo cierto de todo esto es que el actual modelo de gestión del sector no es eficiente y genera la permanente alza de la tarifa eléctrica, por lo que su modificación es impostergable.

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