Panamá

Hay que respetar la Constitución y los derechos

Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA.

Mucho se está hablando de una Constituyente y de la Constitución Política de la República de Panamá. Algunos quieren cambiarla, o ‘modernizarla’ o reformarla para lo cual piden a gritos una Asamblea Constituyente (paralela, originaria o de cualquier tipo). Todavía no entienden la diferencia entre una reforma constitucional y una nueva Constitución. La primera es para cambiar algunos aspectos, capítulos o artículos de la ‘carta’ magna. Reformas que seguramente son muy necesarias y que siempre están a la orden del día. La segunda – la Constituyente – es para crear una nueva Constitución o refundar la República.

Donde la confusión es más peligrosa es en los medios de comunicación. No entienden la diferencia y aparecen personajes proponiendo cambios a un artículo para lo cual demandan una Asamblea Constituyente. Los directores de los medios se prestan felices al juego porque les parece divertido (y les da rating). Sin embargo, el país sigue dando tumbos sin poder ordenarse y emprender un camino que beneficie a las grandes mayorías.
El abogado Pablo Martínez hizo énfasis recientemente sobre este aspecto. Refiriéndose a la demanda de vivienda por parte de la comunidad de Nuevo Jerusalén, le recordó a los medios que la Constitución señala que todo panameño tiene derecho a una vivienda decente. El “Estado panameño tiene la obligación de dar solución de vivienda a todos los panameños, especialmente a los sectores de menor ingreso. Así lo señala el artículo 117 de la Constitución Política”.

Si la constitución lo mandata, ¿porqué el Ejecutivo y los otros poderes del Estado le hacen caso omiso? Hay que hacer cumplir la Constitución y no preocuparnos tanto de “refundar la República.

Incluso, agrega Martínez, la vivienda es un derecho “inalienable reconocido por el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Nuestro país, como miembro de ese organismo mundial, esta en la obligación de cumplir y dar respuesta habitacional a todos los panameños sin excepción”.
Martínez denuncia a los periodistas y a las empresas inmobiliarias que han convertido el derecho a la vivienda en el negocio “de unos cuantos banqueros propietarios de las inmobiliarias agrupados en CONVIVIENDA. (Estos se dedican a hacer) jugosos negocios especulando con el valor de la tierra y vivienda, por encima de los costos reales y sin regulación alguna que proteja a los panameños”.
Martínez también le manda mensajes a los periodistas despistados recordándoles que “en Panamá existen 422 ocupaciones (invasiones) informales  de tierra, donde viven aproximadamente 500 mil personas. (Están) a la espera de ser desalojados, o legalizados por las autoridades o ser reprimidos y acusados penalmente por el solo hecho de procurar un techo para sus hijos”.
Además, “existe un déficit habitacional de más de un millón de personas sin vivienda, (cifra creada) de manera intencional por todos los gobiernos que se han sucedido en el poder político”. Según Martínez, este déficit “crea un mercado cautivo para las inmobiliarias  que son de los allegados, copartidarios, socios y familiares dedicados al negocio de la tierra y la vivienda, para imponer a la fuerza brutal del sistema económico, altos precios por viviendas desechables”.
Los periodistas, especialmente los de televisión, deben saber que “el 20 por ciento de la población se queda con el  80 por ciento de la riqueza. El 80 por ciento de la población sobrevive solo con el 20 por ciento de migaja que le dejan”.
Pablo Martínez es vocero de la Coordinadora Victoriano Lorenzo, que defiende los intereses de los sin tierra. Concluye su mensaje a los periodistas señalando que “en Panamá, el crecimiento económico está en el bolsillo de políticos y empresarios nacionales y extranjeros, propietarios de transnacionales, indolentes responsables de la pobreza y miseria de la población”. Según el auténtico defensor del pueblo, los políticos y empresarios, en complicidad con gobiernos y medios de comunicación, han secuestrado la libertad de expresión. (La han) convertido en  información al servicio de los propietarios de medios y sus intereses para ser mercadeada al mejor postor”.
A las víctimas de la represión irracional en la comunidad de Nueva Jerusalén – sus familiares y vecinos – hay que hablarles de una Constitución igual para todos que les garantice el derecho a una vivienda decente. ¿Porqué no lo hacen los periodistas desde sus programas de televisión? En cambio, tratan a los padres de familia como maleantes y usurpadores (a la Trump).

7 de junio de 2018.

Ilustración: Peña Morán

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