Panamá

2017: Corrupción de gobernantes y partidos deja su marca

Por: Marco Gandásegui hijo

En el escenario global, sin duda, la llegada de Donald Trump en enero de 2017 a la Casa Blanca en Washington marcó un hito que todavía se siente y que seguirá sintiéndose por muchos años. Trump se enfrentó inmediatamente con el ala dominante del gran capital norteamericano (establishment) y desató un populismo que aún tiene a muchos en las altas esferas inmersos en la incertidumbre. En la región latinoamericana, los gobiernos progresistas perdieron terreno y la intervención norteamericana favoreció a los sectores más retardatarios.

En Panamá las investigaciones en los casos de corrupción del gobierno que presidió Ricardo Martinelli (2009-2014) siguieron su curso con altos y bajos. Después de tres años de pesquisas el pueblo aún no sabe si los imputados serán enjuiciados y condenados. El mismo Martinelli está encerrado en una cárcel federal en Miami, EEUU, esperando la decisión de una corte que juzga los méritos de una solicitud de extradición del gobierno panameño. Se calcula que la corrupción que caracterizó el gobierno de Martinelli perjudicó al fisco panameño en más de mil millones de dólares. La empresa de la construcción brasileña Odebrecht encabezó el desfile de fraudes, sobreprecios y comisiones que involucró un ejército de funcionarios públicos.

A pesar de los escándalos, Panamá siguió siendo una plaza atractiva para los inversionistas en materia de logística. La economía creció en un 5.4 por ciento. El Canal de Panamá, las actividades portuarias y la industria inmobiliaria fueron los sectores más favorecidos. En cambio, el sector agrario e industrial decrecieron como consecuencia de las políticas neoliberales del gobierno. Las actividades empresariales recibieron subvenciones por aproximadamente 5 mil millones de dólares. Los sectores vulnerables del país recibieron desembolsos por 500 millones de dólares en forma de becas, apoyo a personas de la tercera edad y programas de vivienda social.

A fines de año se anunció que Panamá y la RP de China firmaron un conjunto de acuerdos que podrían representar una inyección económica al país sólo comparable con la construcción del Canal de Panamá entre 1904 y 1914. Los chinos proponen construir nuevos puertos, centros de acopio y almacenamiento, así como vías ferroviarias, centros turísticos y aeropuertos. El complejo tendría como objetivo convertir a Panamá en el centro de intercambio (Hub) entre China y América latina. Los chinos tienen planes precisos para cada área en que incursionarán. El gobierno panameño y los empresarios que lo componen aún no han preparado un proyecto y mucho menos un plan para aprovechar la propuesta china.

La falta de un plan de desarrollo nacional y la corrupción constituyen el sello que deja su marca sobre todo lo realizado por el actual gobierno y los que le han antecedido desde la invasión militar norteamericana de 1989. En 2017 la desigualdad social continuó creciendo en el país. Los pobres cada vez más pobres y los ricos siguen concentrando en pocas manos todas las riquezas. El gobierno publica estos resultados sintetizados en un llamado coeficiente de Ginni. Las promesas de agua potable para todos los panameños y ‘cero letrinas’ quedo en el olvido. Las ‘escuelas rancho’ siguen siendo la norma en las comunidades urbanas y rurales. Los programas de salud siguen subordinados a los intereses económicos de las empresas farmacéuticas y equipos médicos. No hay asomo de lo que en una época fue la ‘Salud igual para Todos’.

El pueblo panameño está en pie de lucha en los barrios, en las comunidades, en los campos y en los centros de trabajo. A diario salen a protestar en las calles y carreteras, donde se hacen visibles y son consolados por funcionarios públicos. Sus niveles de organización aún no alcanzan las alturas que le permitan enfrentar de igual a igual a los intereses económicos que monopolizan las fuentes de riquezas y las decisiones políticas. Esta realidad aparenta darle a los sectores políticos de las clases dominantes la seguridad de que pueden abusar de su poder relativo y continuar despojando al pueblo de sus derechos y riquezas.

En 2017 los sectores que monopolizan las riquezas del país anunciaron que si los partidos políticos no responden a sus necesidades buscarán otras vías para asegurar su control. Los sectores populares inscribieron un partido político – el Frente Amplio por la Democracia (FAD) – que se prepara para las elecciones de 2019. Cualquier alternativa política tendrá que enfrentar a la clase dominante neoliberal y también al poderoso gigante del Norte.

28 de diciembre de 2017.

Ilustración: Peña Morán (La Estrella de Panamá)

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